El magistrado que prohibió la difusión de los audios supuestamente vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es investigado por múltiples denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder.
El magistrado que prohibió la difusión de los audios supuestamente vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es investigado por múltiples denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder.
Alejandro Patricio Maraniello, juez federal civil y comercial, protagoniza un caso que suma nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco están vinculadas a presuntos casos de acoso sexual a empleadas de su juzgado. Estas denuncias, que incluyen además acusaciones de abuso de poder y maltrato laboral, reflejan un complejo escenario en el que se evalúa su conducta y responsabilidad.
Entre los testimonios que forman parte de las actuaciones oficiales, una empleada relató haber sido acosada por Maraniello desde que comenzó a trabajar en su juzgado, incluyendo episodios de tocamientos no consentidos y presiones para mantener relaciones sexuales para evitar represalias laborales.
Otras trabajadoras denunciaron reiterados mensajes inapropiados, observaciones sobre su vestimenta y trato hostil tras rechazar pedidos personales del magistrado, situación que afectó su salud mental y llevó incluso al uso de medicación.
El juez fue notificado formalmente de las denuncias y tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Las causas están bajo reserva, y aunque la Comisión de Disciplina podría sugerir sanciones administrativas, existe la posibilidad de que los casos avancen a la Comisión de Acusación, que tiene la potestad de solicitar la remoción del magistrado.
Además, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para recabar testimonios y evaluar la posible configuración de delitos públicos ante la condición de funcionario judicial de Maraniello.
El caso Maraniello ha generado alarma en el ámbito del Poder Judicial, con la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebrando en 2024 la designación de una consigna policial en el juzgado para resguardar a los empleados ante denuncias previas. La controversia se suma a la polémica decisión del juez de ordenar la prohibición de la difusión de audios vinculados a Karina Milei, acción que ha sido cuestionada desde el ámbito de la libertad de prensa.
El entramado de denuncias y medidas judiciales contra Alejandro Patricio Maraniello abre una discusión relevante sobre la convivencia entre ética judicial, protección de derechos de los empleados judiciales y el papel del Estado en garantizar un ambiente laboral libre de acoso. A su vez, pone en debate la transparencia y límites en la regulación de la información pública en un contexto político sensible. La situación continúa en desarrollo, con un proceso disciplinario que será clave para definir el futuro del magistrado.
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