La comisión investigadora por la cripto $LIBRA envió un cuestionario a Javier Milei y citó a Karina Milei a declarar. El cuerpo aprobó un reglamento para usar la fuerza pública en caso de negativa, y un diputado acusó a José Luis Espert de promover la estafa.
La Cámara de Diputados ha dado otro paso en la investigación del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. La comisión a cargo del caso ha aprobado un reglamento que permite el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de los testigos y ha enviado un cuestionario con preguntas directas al presidente Javier Milei. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y una decena de funcionarios más han sido citados a declarar, lo que intensifica la presión sobre el gobierno en un escándalo que ha sumado una nueva arista con la acusación a José Luis Espert de haber promocionado una “versión 2.0” de la estafa.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, leyó un cuestionario con preguntas directas a las que el mandatario deberá responder en un plazo de cinco días. Entre los interrogantes más importantes se encuentran el origen del contrato, el modo en que accedió a la dirección del token que publicó en sus redes, si un tercero intervino en la difusión y si evaluó los riesgos que podía tener el proyecto. El cuestionario también pregunta por las reuniones con los promotores de la cripto, si su hermana, Karina, participó en ellas y pide que el mandatario revele información sobre sus billeteras virtuales. Los diputados que impulsaron la medida confían en que las respuestas de Milei serán cruciales para la investigación.
La diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, propuso la citación de Karina Milei, a quien consideró “fundamental para la causa”. Según la legisladora, su testimonio es clave para entender las reuniones en la Casa Rosada con los promotores de la cripto y su rol como “nexo de negociaciones”, ya que, de acuerdo con los chats de Hayden Davis, la hermana del presidente era quien controlaba sus movimientos.
El reglamento aprobado por la comisión es un claro mensaje a los funcionarios que podrían negarse a declarar. El artículo 8 de la normativa establece que “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.
La votación del reglamento, que fue aprobado con 14 votos a favor y 2 abstenciones, demostró la firmeza de la oposición en el caso. A pesar de la resistencia de La Libertad Avanza y el PRO, la comisión logró imponer una herramienta de control sin precedentes. El diputado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, criticó la medida, asegurando que se estaba “queriendo violar la división de poderes”. Sin embargo, la abstención de Mariano Campero, un legislador que se había aliado con el oficialismo, es vista como una señal de las divisiones que la investigación está provocando en la coalición gobernante.
El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, sumó una nueva arista al escándalo al acusar a su par, José Luis Espert, de haber promovido una “versión 2.0” de la estafa de $LIBRA. Tailhade señaló que, el 19 de marzo, desde la cuenta de Espert se publicó una promoción de la criptomoneda. La esposa de Espert desmintió la versión, asegurando que su cuenta había sido “hackeada”, pero según Tailhade, el tuit con la promoción se mantuvo en línea, mientras que los mensajes que denunciaban el hackeo fueron borrados. El diputado solicitó un oficio a la empresa X para acceder a toda la información sobre el supuesto hackeo y determinar si Espert realmente perdió el control de su cuenta.
El escándalo de la cripto $LIBRA se ha convertido en un campo de batalla político en el Congreso. La comisión investigadora, que ha citado a figuras de la talla de Guillermo Francos y Manuel Adorni, busca establecer responsabilidades y determinar si hubo una red de corrupción que involucra a la cúpula del gobierno. El caso, que ha unido a la oposición y ha generado divisiones en el oficialismo, será clave para el futuro del gobierno.
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