El Fondo Monetario Internacional autorizó al Gobierno argentino a intervenir en el mercado cambiario para garantizar liquidez, siempre que se utilicen fondos del superávit. La medida busca contener la volatilidad cambiaria en plena campaña electoral.
En un giro inesperado en la administración del dólar en Argentina, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro Nacional comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios para contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento del mercado. Esta decisión fue adoptada tras la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso como requisito que dichas intervenciones se financien con recursos provenientes del superávit fiscal.
Este cambio en la estrategia se da en un contexto de creciente presión cambiaria, con el dólar oficial acercándose al techo de la banda de flotación establecida en el acuerdo con el FMI. La intervención busca evitar una escalada abrupta del tipo de cambio en vísperas de las elecciones provinciales y nacionales.
Previo a esta medida, el Banco Central había limitado su participación en el mercado de divisas debido a las condiciones del acuerdo con el FMI, las cuales establecen un esquema de bandas de flotación donde el tipo de cambio oscila entre un piso y un techo. Ahora, con la autorización para que el Tesoro intervenga directamente, se busca dar mayor estabilidad y evitar el desorden de la política monetaria en un momento electoral crucial.
Expertos en economía advierten que esta intervención puede descomprimir temporalmente la presión sobre el dólar y las tasas de interés, pero también señalan que podría generar señales negativas para la confianza del mercado a mediano y largo plazo, reflejando incertidumbre política y económica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no emitieron comentarios oficiales al respecto, pero las principales cotizaciones del dólar oficial registraron una baja inmediata tras el anuncio.
Esta nueva estrategia reafirma la prioridad del Gobierno de mantener la estabilidad cambiaria para controlar la inflación y sostener la economía en un contexto de alta incertidumbre y desafíos fiscales, a menos de dos meses de las elecciones generales.
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