La senadora Carmen Álvarez Rivero expresó su apoyo al veto presidencial que rechaza la ley de emergencia en discapacidad ya que considera que la ley no es necesaria.
La senadora Carmen Álvarez Rivero expresó su apoyo al veto presidencial que rechaza la ley de emergencia en discapacidad ya que considera que la ley no es necesaria.
La senadora por Córdoba del PRO, Carmen Álvarez Rivero, confirmó que respaldará el veto presidencial promovido por el presidente Javier Milei contra el proyecto que declara la emergencia en el área de discapacidad. La decisión fue expresada durante su discurso en una sesión clave del Senado.
“Acompaño el veto presidencial. Considero que esta ley no hace falta pero aprovecho para pedir públicamente al ministro Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”, declaró Álvarez Rivero.
La ley de emergencia en discapacidad busca garantizar aumentos en pensiones no contributivas y mejoras en servicios para personas con discapacidad. Sin embargo, el Ejecutivo vetó la norma argumentando que su aplicación implicaría un aumento del gasto público de más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones para 2026.
El veto generó un intenso debate en el Congreso, donde la oposición intenta reunir los dos tercios necesarios para rechazarlo y que la ley siga vigente. El contexto político está tenso, y la situación se agrava por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El respaldo de Álvarez Rivero al veto es clave para el oficialismo, aunque la oposición sostiene que la ley es esencial para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de miles de argentinos con discapacidad.
La discusión legislativa continúa en el Senado, donde el futuro de la ley dependerá de la coalición de fuerzas políticas y acuerdos presupuestarios.
Tras el fracaso de las negociaciones en Washington, Ottawa aplicará gravámenes de hasta el 50% a más de 700 productos estadounidenses desde el 8 de septiembre para resguardar la producción nacional.
A cuatro años del doble crimen de Vicente López, Martín del Río contactó por correo electrónico a su exesposa desde la cárcel de San Martín, lo que motivó a la Justicia de San Isidro a dictarle una prohibición de comunicación por violencia psicológica.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Luego de finalizar la representación con su padre Alejandro Stoessel tras 15 años, una auditoría encargada por Martina Stoessel reveló que la cantante no figura como socia en las empresas que administran sus ingresos millonarios, desencadenando negociaciones para recuperar el control patrimonial.
Cristian Auguadra compareció ante la Comisión Bicameral del Congreso. Descartó amenazas terroristas, negó detenciones bajo el DNU 941/2025 y explicó la logística para la visita del papa León XIV en noviembre.
Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
Un juez bonaerense ordenó el arresto de 15 agentes penitenciarios, entre ellos la jefa del penal de mujeres de Magdalena, por torturas y abusos sexuales contra al menos cuatro internas en junio. La Justicia describe un esquema sistemático de vejaciones.
Ante los reiterados cuestionamientos de Sabrina Rojas sobre su vida sentimental, Griselda Siciliani respondió durante un móvil de Intrusos, se declaró agotada del conflicto y marcó una clara diferencia entre la vida privada y la intimidad.
