Senadores de Unión por la Patria reclamaron en la Cámara alta que la ministra de Seguridad enfrente un juicio político por su denuncia que buscó allanar a periodistas para frenar la difusión de audios vinculados a presuntas coimas. Además, pidieron que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei rinda cuentas sobre la denuncia.
El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, sacudió el inicio de la sesión en el Senado al reclamar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo es la denuncia presentada desde su cartera que derivó en allanamientos a periodistas y la prohibición judicial de difundir audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mayans exigió además la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que “explique qué ocurrió con la denuncia presentada desde su propio gabinete” y sostuvo que la situación debe ser investigada “hasta las últimas consecuencias”.
En un tono crítico, el legislador calificó la denuncia de Bullrich como un “disparatado acto” y una “tomada de pelo para la política internacional argentina”. También pidió la citación de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y empleado del Senado.
Durante la sesión, legisladores opositores acusaron a Bullrich de amedrentar a la prensa y de intentar desacreditar la investigación periodística. Martín Lousteau sostuvo que la ministra “debería impedir que funcionarios sean grabados en lugar de perseguir periodistas”. En tanto, Carolina Moisés calificó esta censura como una gravísima violación a la libertad de expresión y apuntó a Javier Milei al decir que “su hermana, como funcionaria pública, debe rendir cuentas”.
Carlos Linares reprochó que Bullrich, lejos de centrarse en la corrupción, atacó a presuntos servicios de inteligencia extranjeros, y Sergio Leavy reclamó que Karina Milei dé la cara públicamente tras varias semanas de controversia.
La discusión en el Senado deja en evidencia un clima de fuerte tensión política, donde la oposición advierte que en lugar de responder por supuestas irregularidades en la ANDIS, el Gobierno optó por describir el caso como parte de una conspiración y perseguir a los medios que difundieron la investigación.
El peso argentino se apreció 1% pese a la inestabilidad global por la guerra en Irán, desmarcándose de otras monedas emergentes. El Banco Central mantiene sus compras de divisas, utilizando la calma del dólar como ancla para frenar la inflación.
El Gobierno nacional busca superar una semana crítica marcada por la causa $Libra y cuestionamientos a Manuel Adorni. Pese a las tensiones internas y el aumento del desempleo, el oficialismo defiende su rumbo económico y atribuye las polémicas a maniobras opositoras.
Estados Unidos redujo la alerta de viaje a Venezuela del nivel 4 al 3, sugiriendo “reconsiderar” las visitas ante una mejora en la seguridad. No obstante, Washington mantiene el riesgo máximo en la frontera por la persistencia de grupos criminales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.
