El gobierno pausó la auditoría de pensiones por discapacidad tras el escándalo de corrupción en la ANDIS. La decisión, que se produce después de que el Senado rechazara un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, busca revisar más de 120 mil bajas.
El gobierno ha suspendido la auditoría de las pensiones por discapacidad en todo el país. La medida, que frena la continuidad de un proceso que ya había dado de baja a más de 128.000 beneficiarios, se produce en el marco de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo a cargo de la tarea. La entidad fue intervenida a raíz de la divulgación de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se denunciaba un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos.
La decisión de pausar la auditoría fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien ha estado supervisando el proceso de reordenamiento de la ANDIS. Según fuentes cercanas al funcionario, la suspensión se mantendrá hasta que se termine la inspección interna del organismo, que se centrará en tres ejes: las pensiones, las compras y la estructura. Mientras dure este proceso, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios que reciben este tipo de asistencia.
La suspensión de la auditoría se produce en un momento de gran fragilidad para el gobierno de Javier Milei. Este jueves, el Senado de la Nación rechazó un veto presidencial por primera vez en 22 años, reviviendo una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026. La iniciativa, que fue aprobada con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor, no solo reformula las pensiones no contributivas, sino que también establece un aumento salarial y de compensaciones económicas para el sector.
La histórica derrota legislativa de Milei, que contó con el apoyo de una amplia coalición opositora que unió a kirchneristas, radicales y macristas, ha dejado en evidencia el aislamiento político del gobierno. Si bien el presidente considera que la ley afecta el equilibrio fiscal y ha anunciado que la judicializará, la decisión del Senado es un claro mensaje de que la mayoría de los legisladores no está dispuesta a ceder en un tema de alta sensibilidad social.
El escándalo de la ANDIS ha expuesto la vulnerabilidad institucional del gobierno, ya que, al ser un organismo descentralizado, podía manejar su propio presupuesto y realizar compras y contrataciones sin el control del Ministerio de Salud. La administración de Milei había analizado la posibilidad de transformar la agencia en una dirección dentro del ministerio para darle más transparencia, pero ahora esa decisión debería pasar por el Congreso.
El gobierno ha admitido que antes de la intervención de la ANDIS no podía acceder a sus números, y que ahora se ha iniciado una investigación interna para detectar posibles irregularidades en la gestión de Spagnuolo. Las 128.667 bajas que ya se habían efectuado, por motivos que iban desde irregularidades en la documentación hasta el fallecimiento de los beneficiarios, serán revisadas.
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