La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado, denunció formalmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia.
“La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y pedido de audiencia pública”, indicaron desde el la provincia.
Acusa al organismo de actuar con “arbitrariedad manifiesta” y de ejercer “destrato institucional” en la suspensión y quita de pensiones no contributivas por invalidez a beneficiarios de la provincia.
La demanda de la Fiscalía de Estado, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, se fundamenta en la “suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS”.
La Provincia alega que los procedimientos fueron “arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales”, y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.
La provincia pide restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez, por considerarlas “suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema”.
Además, requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas.
También pide “medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad”.
Por último, solicita una solicita la convocatoria a una audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.
Con esta acción judicial, la provincia de Salta busca no solo la restitución de las pensiones eliminadas de forma irregular, sino también sentar un precedente para que se respeten los procedimientos legales y los derechos adquiridos de las personas con discapacidad en todo el país.
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