La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La presentación de la Fiscalía de Estado salteña tiene como objetivo el reestablecimiento del pago de las 129 pensiones no contributivas por invalidez suspendidas.
La provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado, denunció formalmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia.
“La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y pedido de audiencia pública”, indicaron desde el la provincia.
Acusa al organismo de actuar con “arbitrariedad manifiesta” y de ejercer “destrato institucional” en la suspensión y quita de pensiones no contributivas por invalidez a beneficiarios de la provincia.
La demanda de la Fiscalía de Estado, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, se fundamenta en la “suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS”.
La Provincia alega que los procedimientos fueron “arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales”, y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.
La provincia pide restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez, por considerarlas “suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema”.
Además, requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas.
También pide “medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad”.
Por último, solicita una solicita la convocatoria a una audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.
Con esta acción judicial, la provincia de Salta busca no solo la restitución de las pensiones eliminadas de forma irregular, sino también sentar un precedente para que se respeten los procedimientos legales y los derechos adquiridos de las personas con discapacidad en todo el país.
El jefe de Gabinete expuso ante Diputados con Milei, Karina, Caputo y Pettovello en los palcos. Un diputado llevó pochoclos, Bregman increpó al Presidente y el peronismo eligió el silencio. Adorni evitó hablar de las denuncias sobre su patrimonio.
Con un incremento promedio del 5,4%, el transporte en el AMBA vuelve a actualizarse. El boleto mínimo en Ciudad costará $753, mientras que en Provincia superará los $918. El subte también sube y los peajes en horarios pico llegarán a los $6.121.
El CEO de Tesla testificó ante la justicia federal y lanzó duras críticas contra la alianza con Microsoft. Aseguró que la transición lucrativa de la empresa “saquea” los cimientos de la caridad en Estados Unidos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni brinda este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La exposición se da en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio. Milei llegó al Congreso en señal de respaldo.
El delantero paraguayo pidió perdón tras su expulsión ante Cruzeiro. La roja de Ostojich condicionó el partido y cortó el invicto de Boca en Brasil.
Chantal “Tati” Leclercq fue la primera en entrar al departamento de Alejandro Zalazar. Las cámaras la filmaron manipulando el celular del médico y retirándose con una desconocida que cargaba una tablet. Ahora, la Justicia la imputa por el robo de drogas en el Hospital Rivadavia.
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
