Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo confirmó la promulgación de la ley que extiende la emergencia en discapacidad, pero aclaró que no reglamentará la norma hasta acordar la fuente de recursos necesarios para su implementación.
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo de la Cámara al veto presentado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, advirtió que la reglamentación y puesta en marcha de la norma se postergarán hasta definir de dónde se obtendrán los fondos para su financiamiento.
La ley, impulsada por la oposición y con amplio respaldo parlamentario —incluso de sectores que fueron aliados del oficialismo— establece la extensión de la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026 y plantea un aumento en la cobertura y beneficios para personas con discapacidad.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó la promulgación pero condicionó su aplicación a la definición presupuestaria: “El Poder Ejecutivo la va a promulgar, y luego dictará un decreto reglamentario para ver cómo se aplica. Pero primero debemos resolver la cuestión del financiamiento, porque esto implica nuevas pensiones por discapacidad y la necesidad de garantizar la sustentabilidad fiscal.”
La ley establece la transformación automática de las pensiones no contributivas otorgadas antes de su vigencia y un aumento de la asignación al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con el empleo formal dentro de ciertos límites. Además, incluye un régimen especial para la actualización automática mensual de aranceles para prestadores, ajustados según el índice de precios al consumidor (IPC).
También dispone un mecanismo de regularización de deudas fiscales y previsionales para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad, con condonación de intereses, multas y sanciones y la posibilidad de refinanciar planes de pago activos y caducos.
Un punto central de la ley es el fortalecimiento del financiamiento y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encargada de coordinar las políticas públicas en el área.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la implementación podría incrementar en entre 493 mil y 946 mil personas el número de beneficiarios, con un gasto adicional entre $1,8 y 3,6 billones, equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
La promulgación se da en un contexto de fuerte presión desde la sociedad civil y sectores afectados que realizaron movilizaciones masivas por la crisis del sistema de discapacidad, en tanto que el Gobierno busca equilibrar la urgencia social con la responsabilidad fiscal.
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