Un grupo de diputados de oposición presentó una moción para iniciar la remoción de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, por la aplicación condicionada e irregular de la ley que declara la emergencia en discapacidad. Critican la violación de la división de poderes y la falta de financiamiento concreto.
La Cámara de Diputados se encuentra en el centro de una nueva confrontación política tras la presentación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, impulsada por diputados de Encuentro Federal y otros bloques opositores. La iniciativa cuestiona el Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina la fuente de financiamiento.
Los legisladores firmantes, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer y Mónica Fein, calificaron la maniobra oficial como “ilegal e inconstitucional” que vulnera la división de poderes y representa un incumplimiento a la ley sancionada por ambas cámaras del Congreso. Según su planteo, la responsabilidad recae directamente en Francos, quien debe reasignar partidas presupuestarias para la ejecución de la norma y responder ante el Parlamento.
La moción de censura es un mecanismo constitucional excepcional que, tras la interpelación y aprobación con mayoría absoluta, puede derivar en la remoción efectiva del funcionario. Aunque la oposición cuenta actualmente con los números necesarios para avanzar, en el oficialismo consideraron la medida como una advertencia para mantener el equilibrio en la discusión sobre la ley.
El decreto oficial que generó la crisis condiciona la vigencia de la ley a la disponibilidad presupuestaria, estimada en más de tres billones de pesos hasta fin de 2026, equivalente a un 0,35% del Producto Bruto Interno. Desde el Ejecutivo, se argumenta la necesidad de equilibrio fiscal y la obligación de prever fuentes de financiamiento para todo nuevo gasto público.
Sin embargo, desde la oposición advierten que este pretexto ha servido para postergar la implementación de una norma que fue vetada por el Presidente, pero sancionada con insistencia por el Congreso. Denuncian una maniobra para evadir el cumplimiento y limitan la efectividad de derechos de las personas con discapacidad.
Voces destacadas de diversos bloques se sumaron a las críticas. Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cuestionó la falta de claridad fiscal y la eliminación de retenciones al campo en paralelo. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a Milei de “nulidad absoluta” y violación constitucional. Esteban Paulón calificó la estrategia como “constitucionalismo creativo” y consideró la conducta causal de denuncia penal y juicio político.
Desde Unión por la Patria, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz apuntaron a la voluntad política del Ejecutivo afirmando que la falta de presupuesto es resultado de elecciones presupuestarias. Germán Martínez, jefe del bloque peronista, enfatizó que mientras se desatiende la Ley de Emergencia, se liberan recursos fiscales para otros fines.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó el decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable” y sostuvo que abre la puerta a acciones legales colectivas y a un eventual juicio político contra el Presidente.
En medio de este panorama, el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad se ha transformado en un nuevo foco de tensión institucional, donde se confrontan decisiones presidenciales, control legislativo y derechos sociales, con grandes expectativas sobre el accionar del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo.
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