El gobierno derogó 71 normas comerciales, incluyendo regulaciones sobre “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”. La medida se enmarca en la política de desregulación del Ejecutivo, con el fin de eliminar la burocracia y promover la libre competencia.
El gobierno nacional ha dado un paso más en su política de desregulación. A través de la Resolución 357/2025, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía anunció la derogación de 71 normativas vinculadas a la actividad comercial. La medida, que se ha presentado como un intento de “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”, es parte de una estrategia más amplia que busca desmantelar décadas de intervención estatal en la economía.
Según el comunicado oficial, las normativas derogadas se consideran “obsoletas” y “obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores”. El objetivo es reducir la “carga administrativa y burocrática” tanto para el gobierno como para los ciudadanos, lo que, a juicio de la administración nacional, permitirá “una gestión más eficiente de los recursos públicos”.
Una parte importante de las normas que quedaron sin efecto se encuentran relacionadas con la Ley de Abastecimiento, que el gobierno había derogado a principios de su gestión. Estas regulaciones permitían al Estado fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción. Entre los ejemplos más destacados se encuentran una resolución de 2020 que obligaba a las empresas de insumos para la construcción a incrementar su producción al máximo de su capacidad y otra que estableció precios máximos durante la pandemia de COVID-19.
El paquete de desregulación también afecta a programas más conocidos por el público, como Precios Justos y la Ley de Góndolas. En el primer caso, se eliminaron las resoluciones que aprobaban convenios con municipios para fiscalizar su cumplimiento. En el segundo, se derogaron las disposiciones que regulaban la exhibición de productos en los supermercados. La Ley de Góndolas, que buscaba garantizar la competencia de segundas y terceras marcas, había sido formalmente eliminada por el mismo decreto que derogó la Ley de Abastecimiento.
Con esta nueva tanda, la Secretaría de Industria y Comercio suma más de 240 normas derogadas desde el inicio de la gestión. Previamente se habían eliminado requisitos de comercio exterior, como las licencias automáticas y no automáticas, y el régimen informativo Sipre, que obligaba a las empresas a reportar precios y cantidades.
La decisión del gobierno de Milei de eliminar estas normativas no es solo una medida administrativa; es una declaración política sobre el rol del Estado en la economía. El gobierno busca construir un marco jurídico que, a su juicio, fomente la libre competencia y reduzca la injerencia del Estado en el mercado. La medida ha reabierto un debate sobre la necesidad de regulación en sectores sensibles y sobre si un mercado sin normas es la mejor forma de proteger a los consumidores. El futuro de esta “batalla cultural” se jugará en los próximos meses, con el gobierno buscando profundizar su agenda de desregulación y la oposición intentando frenar un proceso que, para muchos, es un retroceso en la defensa de los derechos.
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