La oposición busca obligar a funcionarios claves, entre ellos Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, a comparecer en la comisión investigadora por la presunta criptoestafa. Tras ausencias injustificadas, solicitarán autorización judicial para forzar su presencia.
En medio de la investigación por el escándalo de la criptomoneda $Libra, la comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados impulsada por la oposición prepara un nuevo paso para avanzar con el caso. Ante las reiteradas ausencias de funcionarios clave, como Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, la comisión solicitará autorización judicial para citarlos a declarar con la fuerza pública si persisten en no presentarse voluntariamente.
Ambos funcionarios se ausentaron en dos ocasiones bajo argumentos relacionados con la duplicidad de la investigación entre el Congreso y el sistema judicial federal, lo que ha tensado aún más el proceso parlamentario.
Además, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, incumplió una citación argumentando su viaje oficial a Nueva York, aunque aún podría ser convocada para el martes 30 de septiembre bajo apercibimiento.
Otros funcionarios señalados, como Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera, también están siendo reiteradamente convocados tras sus ausencias.
La oposición, liderada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), denuncia la falta de colaboración de los funcionarios y advirtió que la investigación no es un espectáculo: “Es una investigación seria con deberes constitucionales y legales que deben cumplirse”, afirmó.
Para fortalecer la pesquisa, la comisión suma nuevas citaciones, incluyendo al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y a otros involucrados en la organización del lanzamiento de $Libra, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa penal, mantiene el expediente cerrado a la comisión, situación que los diputados buscan revertir con una audiencia ante el procurador general Eduardo Casal para garantizar el acceso a la documentación.
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