Aunque no se especificó la cifra los despidos podrían ser de gran alcance, con planes de recortes en departamentos clave como Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, y el Tesoro.
Aunque no se especificó la cifra los despidos podrían ser de gran alcance, con planes de recortes en departamentos clave como Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, y el Tesoro.
La crisis por el cierre del gobierno federal, que ya cumple diez días, escaló luego de que la administración Trump confirmara el inicio de despidos masivos de empleados públicos.
La medida agudiza la tensión política en Washington y deja en la incertidumbre a miles de trabajadores.
La confirmación llegó a través de un escueto mensaje en la red social X de Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. “Ya comenzó la reducción de la fuerza (RIF)”, publicó Vought, sin ofrecer detalles sobre el número de afectados o las agencias implicadas.
Sin embargo, informes de medios estadounidenses sugieren que los despidos podrían ser de gran alcance, con planes de recortes en departamentos clave como Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, y el Tesoro.
El anuncio intensificó el cruce de acusaciones entre la Casa Blanca y la oposición demócrata.
El presidente Donald Trump y sus funcionarios han responsabilizado públicamente a los demócratas por la situación, argumentando que los despidos son una consecuencia inevitable del estancamiento presupuestario.
Por su parte, los líderes demócratas acusan a los republicanos de “intimidación”, afirmando que utilizan a los empleados federales como “peones” en una disputa política.
La reacción de los sindicatos no se hizo esperar. La Federación Estadounidense de Empleados de Gobierno (AFGE), que representa a unos 800.000 trabajadores, anunció la presentación de una demanda.
“Es vergonzoso que la administración Trump utilice el cierre como excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores”, declaró Everett Kelley, presidente nacional de AFGE.
“Los trabajadores federales están cansados de ser utilizados para beneficio político“, agregó, instando al Congreso a negociar una solución inmediata.
Mientras tanto, el Congreso sigue paralizado. Un intento del Senado por aprobar una medida de financiamiento temporal fracasó el jueves, con el rechazo de ambos partidos.
Los demócratas exigían incluir una ampliación de los beneficios de atención médica, mientras que los republicanos insistían en una medida “limpia” y a corto plazo.
Este desacuerdo mantiene el punto muerto y prolonga un cierre que, a diferencia de otros anteriores donde los empleados suspendidos recibían su pago retroactivo, ahora se agrava con la amenaza de despidos permanentes.
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