La canasta de servicios públicos subió 514% en el AMBA desde diciembre de 2023, superando ampliamente la inflación. El gas (913%) y el transporte (852%) lideraron los aumentos. Los subsidios se redujeron 46% real, afectando más a los sectores de ingresos medios.
La política de sinceramiento tarifario impulsada por el gobierno nacional desde diciembre de 2023 ha generado un impacto masivo en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) reveló que la canasta de servicios públicos—que engloba gas, electricidad, agua y transporte—se incrementó un asombroso 514% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Esta escalada implica que un hogar promedio de clase media ha pasado de pagar alrededor de $50.000 mensuales por estos servicios a destinar cerca de $300.000 en la actualidad. La suba de las tarifas ha superado con creces el índice general de precios: en conjunto, el aumento tarifario fue más de tres veces superior a la inflación acumulada del 171% en el mismo período.
El análisis del Observatorio muestra una marcada disparidad en los ajustes por tipo de servicio. Los mayores incrementos se concentraron en las áreas que históricamente arrastraban el mayor atraso:
En paralelo, el esfuerzo fiscal del Estado se redujo notablemente: los subsidios energéticos y al transporte sumaron $6 billones en lo que va de 2025, lo que representa una poda del 46% real respecto a 2024.
A pesar del fuerte incremento acumulado en los últimos dos años, el ritmo de suba se moderó en el presente ciclo. En lo que va de 2025, la canasta de servicios públicos registra un aumento del 21%, ligeramente por debajo de la inflación acumulada del 24%.
El informe también subraya el dilema de la equidad. En promedio, los hogares del AMBA cubren cerca del 50% del costo real de los servicios, con el 50% restante aún financiado por el Estado. Sin embargo, la cobertura es heterogénea: los sectores de ingresos medios han afrontado casi la totalidad de los aumentos, mientras que los sectores más vulnerables (especialmente en asentamientos informales) mantienen una alta proporción de subsidios, con el consumo cubierto por el Estado mediante convenios con las distribuidoras Edesur, Edenor, Metrogas y Naturgy.
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