La administración Trump amplió las causas médicas para rechazar visas, incluyendo afecciones crónicas no transmisibles, bajo el argumento de evitar cargas financieras al sistema de salud estadounidense, generando críticas y litigios.
La administración Trump amplió las causas médicas para rechazar visas, incluyendo afecciones crónicas no transmisibles, bajo el argumento de evitar cargas financieras al sistema de salud estadounidense, generando críticas y litigios.
La política de Estados Unidos en materia de visados sufrió un cambio significativo con la incorporación de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cáncer y otros trastornos en la lista de razones para negar visas tanto de inmigrante como de no inmigrante. Esta decisión fue comunicada mediante un cable del secretario de Estado, Marco Rubio, enviado a todos los consulados y embajadas.
Este cambio amplía el tradicional examen médico, que hasta ahora se centraba en enfermedades contagiosas, para incluir afecciones de salud no transmisibles que, según el cable, podrían implicar un alto costo en atención médica durante la vida del solicitante. Los funcionarios consulares deben ahora evaluar si el solicitante puede asumir estos costos sin recurrir a ayuda pública o institucionalización financiada por el gobierno estadounidense.
La medida se fundamenta en la regla de “carga pública”, con el objetivo de proteger los recursos sanitarios y evitar que los solicitantes puedan representar una carga financiera. Sin embargo, ha suscitado críticas por considerar una amplia gama de condiciones comunes, lo que podría afectar desproporcionadamente a ciertos grupos como personas mayores, familias de bajos ingresos y habitantes de países con alta prevalencia de estas enfermedades.
Además, este nuevo criterio implica procesos más estrictos, solicitud de expedientes médicos y posibles retrasos en la emisión de visas, afectando a trabajadores extranjeros y multinacionales que dependen de movilidad internacional.
Grupos de defensa de derechos humanos han anunciado que buscarán impugnar esta medida, denunciando que revive enfoques restrictivos previos anulados por la justicia y que pueden violar derechos básicos.
A partir de mayo, el Gobierno actualizó las tarifas de gas en el AMBA mediante la Resolución 463/2026. Con subas técnicas de hasta el 3%, el nuevo esquema ajusta cargos fijos y variables, limitando los subsidios solo a usuarios altamente vulnerables.
Axel Kicillof consolida su plataforma “Movimiento Derecho al Futuro” para sustentar una candidatura presidencial, alejándose de las disputas internas del peronismo. Mediante nuevas ramas sectoriales y equipos técnicos, el gobernador fortalece su armado territorial mientras mantiene una confrontación directa con Milei.
Un paro de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional provoca demoras y cancelaciones de vuelos en Ezeiza y Aeroparque. La protesta, motivada por el despido de 240 empleados, coincide con el inicio del fin de semana largo, afectando la seguridad aérea.
El Ministerio de Economía recaudó más de 1.300 millones de dólares en abril mediante bonos locales. Estos fondos fortalecen las reservas del Tesoro para cancelar intereses con el FMI y preparar el pago de vencimientos por 4.300 millones en julio.
José López declarará hoy ante el tribunal por la causa Cuadernos tras ser trasladado desde prisión. El exfuncionario kirchnerista, condenado por los bolsos del convento, romperá el silencio de los arrepentidos para detallar el presunto esquema de recaudación en obras públicas.
La CGT se movilizará a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, rindiendo tributo al Papa Francisco y criticando el ajuste oficial. Bajo presión de sectores internos que exigen mayor dureza, la central analiza un inminente paro general.
El juicio por la muerte de Maradona analiza un audio inédito de Verónica Ojeda sobre su internación. La audiencia incluye el testimonio del médico que realizó RCP y la indagatoria del psicólogo Carlos Díaz, acusado de aislar al exfutbolista en Tigre.
Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios de colaborar con el Cartel de Sinaloa. La denuncia de Washington por narcopolítica tensa la relación con México, mientras la oposición exige renuncias ante los graves cargos.
