La Legislatura de CABA logró amplio consenso para dictaminar la creación del Servicio Penitenciario propio. El proyecto, apoyado por PRO y UP, busca ordenar la crisis carcelaria y la sobrepoblación en alcaidías, y será votado el jueves.
La Legislatura de CABA logró amplio consenso para dictaminar la creación del Servicio Penitenciario propio. El proyecto, apoyado por PRO y UP, busca ordenar la crisis carcelaria y la sobrepoblación en alcaidías, y será votado el jueves.
El proyecto, que se trabajó en un plenario de cinco comisiones, es calificado por los legisladores como un “hito” en el proceso de transferencia de competencias penales. El dictamen de mayoría reunió 21 firmas positivas, con el apoyo del peronismo (UP), la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR). A pesar de algunas disidencias parciales —como la de La Libertad Avanza (LLA), que sigue presionando por mejoras en las licencias policiales—, el proyecto se encamina a una aprobación sin sobresaltos.
Reconocimiento mutuo: la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Claudia Neira, destacó el trabajo conjunto, al señalar que se cumplió con el objetivo de “construir un nuevo texto que iba a ser de la Legislatura”. La legisladora subrayó la necesidad de “saldar una deuda que la Ciudad tiene con los más de 2 mil presos en comisarías y alcaidías”.
El avance de LLA: la diputada libertaria Rebeca Fleitas afirmó que, aunque su bloque firmó en disidencia, acompañarán el dictamen, ya que el proyecto es un “avance en el proceso de autonomía porteña”.
El proyecto, que busca modernizar el sistema carcelario, contempla la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado y auxiliar del Poder Judicial que operará bajo la órbita del Ministerio de Justicia porteño.
La misión: la Agencia tendrá la misión de custodiar a las personas privadas de la libertad y, al mismo tiempo, impulsar políticas de tratamiento que promuevan la reintegración social y la reducción de la reincidencia.
Cuerpo civil y plan de vida: la ley prevé la creación de dos cuerpos de personal (uno de Agentes de Seguridad Penitenciaria y otro de Agentes de Reintegración Social), con la novedad de que la gestión estará dirigida por personal civil. El proyecto incorpora un concepto fundamental: el Plan de Vida, que establece los compromisos y objetivos acordados con los detenidos (acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral) para lograr su reincorporación a la sociedad.
La aprobación de ambas iniciativas es crucial para el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien logrará ordenar la compleja situación carcelaria que atraviesa la Ciudad desde la pandemia.
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