Un grupo de familiares presentó amicus curiae ante la Corte de Nueva York para impugnar la inmunidad soberana invocada por Argentina, advirtiendo que un fallo favorable al país podría afectar futuros reclamos contra Estados acusados de terrorismo.
Un grupo de familiares presentó amicus curiae ante la Corte de Nueva York para impugnar la inmunidad soberana invocada por Argentina, advirtiendo que un fallo favorable al país podría afectar futuros reclamos contra Estados acusados de terrorismo.
El juicio por la estatización de YPF en Estados Unidos sigue su curso con varios episodios judiciales clave que podrían definir el futuro del litigio. En 2012, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera, que estaban en manos de la española Repsol, generando un reclamo multimillonario de indemnización. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo histórico ordenando a Argentina transferir esas acciones a Burford Capital, un fondo especializado en litigios, que adquirió los derechos de los demandantes.
Este fallo fue apelado tanto por Argentina como por Burford, y actualmente se encuentra en revisión en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina busca revocar la sentencia, argumentando que el caso debe tramitarse bajo la jurisdicción argentina y que la actividad de la estatal no es terrorismo sino comercial. Por otro lado, los demandantes argumentan que al incumplir las garantías del estatuto de YPF y no lanzar una oferta pública de adquisición para los minoritarios, el foro neoyorquino es válido para litigar.
Paralelamente, un grupo de familiares de víctimas de terrorismo en Estados Unidos se sumó al juicio como amicus curiae, con el objetivo de derribar la inmunidad soberana que Argentina invoca para evitar la ejecución del fallo. Este grupo advierte que un fallo favorable a Argentina podría sentar un precedente que afecte a futuros reclamos contra Estados acusados de apoyar actos terroristas, cuestión que añade una complejidad política y jurídica a la controversia.
Este proceso judicial impacta también en la política exterior argentina, en un contexto donde el país mantiene una postura de tolerancia cero al antisemitismo y su alineamiento con Israel frente a Irán, país al que las víctimas atribuyen su sufrimiento. El juicio seguirá siendo un tema de alta sensibilidad política y económica en los próximos meses, con audiencias programadas para 2026 que definirán aspectos claves de este largo litigio internacional
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