La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) registró locales vinculados al jefe de gabinete de Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, en una investigación de sobornos que involucra a la empresa estatal Energoatom. Ocho personas fueron acusadas, y la pesquisa destapó millonarios fondos blanqueados mientras Ucrania enfrenta cortes energéticos.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), junto con la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO), realizó el viernes registros en varios inmuebles relacionados con Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, en el marco de una amplia investigación por corrupción que afecta a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.
Estos procedimientos forman parte de una pesquisa que lleva 15 meses, en la que se han registrado más de 1.000 horas de grabaciones.
Según informes oficiales, se detectó una red de sobornos que cobraba entre el 10% y el 15% del valor de cada contrato a los contratistas de Energoatom. El dinero presuntamente blanqueado asciende a alrededor de 100 millones de dólares.
La gestión operativa de Energoatom, con ingresos anuales superiores a 4.000 millones de euros, habría estado en manos no oficiales, sino de personas sin autoridad formal, según la NABU.
Esta red habría cobrado a contratistas que construían fortificaciones para la defensa contra los ataques rusos a infraestructuras energéticas, mientras millones de ciudadanos ucranianos sufren apagones y cortes eléctricos.
El empresario Timur Mindich, exsocio comercial cercano a Zelenski antes de que este asumiera la presidencia en 2019, es señalado como cerebro principal de la trama. En respuesta a la investigación, Zelenski impuso sanciones contra Mindich y ordenó una auditoría anticorrupción masiva en todas las empresas estatales del país.
Entre los funcionarios que dimitieron en medio del escándalo se encuentran Svitlana Hrynchuk, ministra de Energía, y Herman Halushchenko, exministro de Energía y luego ministro de Justicia hasta julio de 2025.
Andriy Yermak, por su parte, declaró estar colaborando plenamente con la investigación, afirmando que los investigadores han tenido total acceso a su residencia y oficina, con la presencia de sus abogados durante los registros.
Este caso representa la mayor investigación anticorrupción en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en 2022, y pone en tela de juicio la gestión del presidente Zelenski y su entorno más cercano, generando un impacto político y social significativo en el país.
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