Este 8 de diciembre se cumple exactamente un año desde que Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fuera detenido por funcionarios venezolanos en la frontera con Colombia. Lo que comenzó como un viaje familiar para visitar a su esposa e hijo se transformó en el epicentro de un conflicto diplomático sin precedentes …
Este 8 de diciembre se cumple exactamente un año desde que Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fuera detenido por funcionarios venezolanos en la frontera con Colombia.
Lo que comenzó como un viaje familiar para visitar a su esposa e hijo se transformó en el epicentro de un conflicto diplomático sin precedentes entre la administración de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro.
Gallo permanece recluido, presumiblemente, en la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo, en las afueras de Caracas, imputado por cargos de “vinculación a acciones terroristas” y “espionaje”.
Para el Gobierno argentino, sin embargo, se trata de una detención “arbitraria e ilegal”, calificada ante organismos internacionales como la ONU y la OEA como una “desaparición forzada” y un “delito de lesa humanidad”.
El frente diplomático
El caso Gallo tensó al límite las relaciones bilaterales. En respuesta, Argentina, a través de su embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI), Diego Sadofschi, intensificó las denuncias por violaciones a los derechos humanos y llegó a solicitar el arresto internacional de Maduro y del dirigente Diosdado Cabello.
Detrás de la geopolítica, persiste la angustia de los allegados. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme, debió regresar a la Argentina junto a su hijo en agosto pasado, tras meses de incertidumbre.
Según relató, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, le había confesado en privado que la detención “había sido un error” derivado de un “conflicto diplomático”, pidiéndole una paciencia que ya se ha agotado.
Por su parte, Griselda Heredia, madre de Gallo, expresó su desesperación ante el estancamiento de la causa y el temor por los movimientos militares en la región caribeña. Heredia reveló contactos con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le solicitó tranquilidad asegurando que el Estado “está constantemente haciendo lo posible”.
A doce meses de aquel 8 de diciembre, el gendarme continúa en un limbo jurídico y penitenciario, convertido en el rostro visible de una disputa ideológica y territorial que mantiene en vilo a dos naciones.
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