La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría bajar la condena de 27 años del expresidente Jair Bolsonaro a poco más de dos años en régimen cerrado. La norma, votada por 291 a favor y 148 en contra, ahora pasa al Senado para su revisión.
La votación ocurrió este miércoles en un ambiente cargado. El diputado Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad, intentó bloquear la sesión ocupando la presidencia de la Cámara, pero fue retirado por la fuerza.
El presidente Hugo Motta ordenó expulsar a los periodistas y cortar la transmisión, lo que generó protestas y forcejeos en el hemiciclo. Paulinho da Força, diputado del Solidariedade y relator del proyecto, defendió la medida como paso para pacificar el país sin amnistía total.
El texto unifica las penas por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, aplicando solo la más grave, de hasta 12 años.
Reduce el tiempo para pasar de régimen cerrado a semiabierto del 25% al 6% de la condena, incluso en casos violentos. Permite descuentos por trabajo o estudio. Para Bolsonaro, condenado por cinco delitos relacionados con los ataques del 8 de enero de 2023, esto implicaría unos dos años y cuatro meses en prisión efectiva. La norma beneficia también a militares y otros implicados en la trama.
El proyecto surge tras la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, quien sugirió un “precio” para retirarla. Negociaciones involucraron al Centrão y el Partido Liberal de Bolsonaro.
El Partido de los Trabajadores de Lula votó en contra y lo calificó de amnistía disfrazada. Bolsonaro cumple pena en una comisaría de Brasilia tras sabotear su tobillera electrónica, con pedido reciente de traslado hospitalario.
El Senado, liderado por Davi Alcolumbre, planea debatirlo antes de fin de año. Lula deberá sancionarlo o vetarlo, enfrentando un dilema entre pacificación y rigor judicial. El Supremo Tribunal Federal podría intervenir si detecta conflictos. Más de 600 personas recibieron condenas por los hechos de 2023.
La medida busca equilibrio entre justicia y estabilidad, pero genera debate sobre sus efectos en la democracia brasileña.
La defensa de la expresidenta elevó la condena por la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Argumentan graves violaciones a las garantías constitucionales, persecución de género y piden medidas cautelares para suspender la inhabilitación política.
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