Tras la firma presidencial, el proyecto de Reforma Laboral ingresó a la Cámara Alta. El oficialismo aspira a conseguir la media sanción antes del 30 de diciembre, presionando a Victoria Villarruel para que acelere la conformación de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, donde se definirá la suerte de la iniciativa.
La Reforma Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo ingresó formalmente al Senado de la Nación, poniendo en marcha un complejo ajedrez legislativo que definirá si la iniciativa logra media sanción antes de que finalicen las sesiones extraordinarias. El documento oficial fue recibido a las 9:55 de la mañana, apenas minutos después de que el presidente Javier Milei lo firmara en una sala de Aeroparque tras su viaje acortado a Noruega, subrayando la urgencia política que lo respalda.
Ahora, la responsabilidad de activar el tratamiento recae sobre la Presidencia del Senado, a cargo de Victoria Villarruel. El oficialismo, a través de referentes como la senadora y jefa de bloque, Patricia Bullrich, ha solicitado que se agilicen los procesos para la conformación de las comisiones. La intención de La Libertad Avanza (LLA) es convocar a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Presupuesto y Hacienda, buscando dar un debate exprés al proyecto.
Sin embargo, el apuro choca con el rígido reglamento interno de la Cámara Alta. La expectativa de máxima de Bullrich es que el proyecto tenga media sanción antes del 30 de diciembre, pero esto impone plazos casi imposibles. El oficialismo solo cuenta con 10 días para conformar comisiones, elegir autoridades, debatir y dictaminar. Además, el reglamento del Senado exige un plazo mínimo de siete días entre la emisión del dictamen y su tratamiento en el recinto. Para lograr su objetivo, LLA debería tener el dictamen listo a más tardar el viernes 19 de diciembre.
El obstáculo más significativo se encuentra en la conformación de las comisiones. Aplicando el sistema D’Hont de representatividad, el bloque de Unión por la Patria (UP), con 24 senadores, obtendría la mayoría de las bancas. En un plenario, UP sumaría 14 miembros, mientras que LLA (con 18 senadores) alcanzaría 12. Esto obliga al oficialismo a negociar intensamente con la UCR y otros monobloques provinciales para asegurar las 9 firmas necesarias en cada comisión para obtener un dictamen favorable. La tensión se agrava por la posibilidad de que Villarruel altere la representación para favorecer a los aliados, siguiendo el polémico ejemplo de su par en Diputados, Martín Menem.
El ingreso formal del proyecto al Senado pone de manifiesto que el gran desafío político de la reforma no es solo su contenido, sino el tiempo y la estrategia parlamentaria. La urgencia presidencial obligará a LLA a realizar intensas negociaciones internas para resolver la discusión sobre qué comisiones deben intervenir y a qué velocidad pueden saltarse los procedimientos formales para lograr la sanción de la ley antes de fin de año.
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