Paolo Rocca (Techint) apoyó la reforma laboral, pero exigió una “apertura inteligente” para proteger a la industria de la competencia china y reclamó una reforma tributaria pro-inversión. El sector considera crucial terminar con la industria del juicio para mejorar la competitividad.
En un evento organizado por el Grupo Techint para sus empresas proveedoras, el presidente del conglomerado, Paolo Rocca, se manifestó sobre la inminente reforma laboral del Gobierno, calificándola de “fundamental” para el país. Sin embargo, en un diálogo público con la senadora Patricia Bullrich, el empresario siderúrgico reclamó una estrategia económica más matizada que evite un impacto destructivo en la capacidad productiva nacional.
Rocca enfatizó la necesidad de una “apertura inteligente” de la economía y la protección de la estructura industrial argentina. Esta postura se interpreta como una respuesta a las recientes declaraciones del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, quien había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”.
Rocca destacó el aporte de su grupo al país a través de grandes inversiones, detallando cifras crecientes: invirtió u$s1.400 millones el año pasado, proyecta u$s1.700 millones para el actual y tiene programados u$s2.400 millones para el próximo año, con una parte significativa destinada al sector energético.
“Esta inversión ayuda a nuestra cadena, pero la competitividad depende de reformas esenciales y la reforma laboral está en el corazón de ello”, señaló el titular de Techint. No obstante, advirtió que la cadena productiva necesita tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones, por lo que urgió por:
Una reforma tributaria que efectivamente promueva la inversión.
Una apertura económica gradual que permita a las empresas incorporar tecnología y ser más competitivas.
El empresario reiteró su preocupación por la política de exportaciones “depredatoria” de China, basada en el exceso de producción, y abogó por “proteger nuestra estructura industrial”, reivindicando medidas como la suba de aranceles aplicada por Donald Trump en Estados Unidos.
La senadora Bullrich, en respuesta a los cuestionamientos, defendió la política del Gobierno. Admitió la compleja situación de las empresas, pero justificó las decisiones tomadas como necesarias para alcanzar el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Aseguró que la reforma laboral es “pro trabajador y pro empresa”, y su principal objetivo es desarmar la “industria del juicio” laboral, buscando reducir las “demandas inventadas”.
Esta preocupación por la litigiosidad es compartida por el sector empresario. Un exdirectivo de la UIA comentó anónimamente que, si tuviera que elegir, preferiría “terminar con los juicios” antes que una reforma laboral.
En un panel del mismo seminario, el economista Santiago Bulat sugirió que, si bien la reforma en sí tiene un alcance limitado, es crucial para las pymes enfrentar la alta conflictividad judicial. Empresarios pymes sumaron sus inquietudes:
Lucas Salvatore (Idero): rechazó la noción de que a los empresarios no les guste competir, pero aclaró que no pueden competir contra un Estado (en referencia a China), por lo que las reformas laboral y tributaria son necesarias.
Pablo Pecini (Antares): mostró escepticismo sobre el impacto real de la reforma laboral en la competitividad, ya que no tiene “impacto hacia atrás”. Recalcó que la previsión de la conflictividad judicial es más importante que la reforma en sí.
Christian Cerne (Proshale): subrayó que, si bien la reforma laboral es “indispensable”, el costo laboral argentino es altísimo y la legislación actual ofrece “poca elasticidad”, lo que hace que la decisión de agrandar la nómina demore más que la compra de un equipo nuevo.
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