El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la reforma laboral podría quedar congelada por meses. El sistema “difuso” de control permite a cualquier juez declararla inconstitucional hasta que el máximo tribunal unifique criterios, lo que alarga la aplicación.
Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha puesto en alerta al Gobierno sobre los posibles obstáculos que enfrentaría la inminente reforma de la legislación laboral. El magistrado advirtió que los cambios que impulsa la administración de Javier Milei, una vez sancionados, podrían ver su aplicación paralizada durante meses o incluso años por diversas disputas legales.
El juez hizo hincapié en la particularidad del sistema argentino de control de constitucionalidad, al que denominó “difuso”. Este esquema permite a cualquier juez del país dictaminar la invalidez de una ley.
En declaraciones a Perfil, Rosatti explicó que, si bien la jurisprudencia de la Corte puede eventualmente “ordenar” y unificar criterios, este proceso “lógicamente lleva su tiempo”. El escenario previsto es que la reforma laboral podría ser suspendida por resoluciones contradictorias en diferentes tribunales del país, creando un limbo legal hasta que el máximo tribunal emita una definición final.
Rosatti recordó que esta situación ya se presentó con una porción de la normativa laboral incluida en la Ley Bases, la cual fue declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún espera una resolución definitiva de la Corte.
El presidente del máximo órgano judicial fue consultado sobre la posibilidad de que el Poder Legislativo intente incluir una cláusula en la ley para obligar a los tribunales inferiores a acatar de inmediato las sentencias de la Corte. El magistrado fue cauto, señalando que tal medida sería inevitablemente cuestionada y regresaría a la Corte, que debería determinar si dicha norma es o no constitucional. Solo si el máximo tribunal la valida, se podría evitar la repetición constante de litigios.
Rosatti utilizó datos concretos para ilustrar la disfuncionalidad del sistema actual: “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”.
El magistrado lamentó la enorme carga de trabajo generada por tener que “decir siempre lo mismo”, un volumen que se evitaría si las instancias inferiores acataran la doctrina judicial previamente establecida. Para Rosatti, la solución a esta problemática trasciende la discusión ideológica y se centra en encontrar una herramienta funcional que impida que transformaciones estructurales, como la laboral, queden indefinidamente estancadas en procesos judiciales.
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