Patricia Bullrich y Axel Kicillof se enfrentaron por la reforma laboral, cruzando críticas sobre la informalidad y la justicia social. Mientras el oficialismo busca dictaminar este viernes, gobernadores peronistas denuncian que los cambios legales profundizarán el desfinanciamiento de las arcas provinciales.
El debate por la transformación del régimen de trabajo en Argentina ha desatado un fuerte enfrentamiento verbal entre las principales figuras del oficialismo nacional y la oposición provincial. Tras el envío de la iniciativa legislativa a la Cámara Alta, la senadora Patricia Bullrich utilizó sus canales de comunicación para interpelar directamente al gobernador Axel Kicillof, quien previamente había tildado la propuesta gubernamental como un retroceso en materia de derechos. La legisladora cuestionó la validez del concepto de justicia social esgrimido por el mandatario bonaerense, basando su crítica en la elevada tasa de empleo no registrado que afecta a la provincia de Buenos Aires.
Bullrich enfatizó que el sistema actual mantiene a un porcentaje mayoritario de la población laboral bonaerense en la informalidad, privados de beneficios básicos como vacaciones pagas, coberturas de riesgos del trabajo o aportes previsionales. En su argumentación, la senadora sostuvo que la nueva legislación busca proteger a quienes efectivamente desempeñan tareas productivas, acusando a la administración provincial de defender un modelo que condena a millones de personas a la precariedad mientras se sostiene un relato político alejado de la realidad territorial.
Mientras el oficialismo defiende la modernización de las normas de contratación, un bloque de mandatarios provinciales del peronismo se reunió en la Capital Federal para unificar una postura de rechazo. Axel Kicillof, junto a sus pares de La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa y Santiago del Estero, analizó el impacto económico que la reforma tendría sobre las finanzas regionales. Según el documento conjunto elaborado por los jefes provinciales, las modificaciones impositivas vinculadas al proyecto y la reducción de gravámenes a grandes corporaciones profundizarían el desfinanciamiento de las provincias, que han visto reducida su participación en los recursos federales de manera sistemática en las últimas décadas.
Los gobernadores alertaron que la reforma laboral no solo afecta las relaciones de trabajo, sino que funciona como una herramienta de ajuste que merma los fondos coparticipables destinados a servicios públicos provinciales. En este sentido, señalaron que la pérdida de ingresos por cambios en el impuesto a las Ganancias y la caída en la recaudación por combustibles líquidos sitúan a los distritos en una posición de vulnerabilidad extrema frente al presupuesto nacional diseñado para 2026.
El Poder Ejecutivo nacional ha diseñado una agenda acelerada para lograr la aprobación de la ley antes del cierre del ciclo legislativo. Las discusiones formales inician este miércoles en un plenario de comisiones donde funcionarios gubernamentales defenderán los puntos centrales del proyecto. Gracias a una serie de entendimientos con los sectores denominados dialoguistas, la estrategia oficialista contempla finalizar el tratamiento en comisión este mismo viernes con la rúbrica del dictamen de mayoría. De cumplirse este itinerario, la reforma laboral llegaría al recinto para su votación definitiva el próximo 26 de diciembre, consolidando un triunfo legislativo para el sector liderado por Bullrich en la Cámara de Senadores.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
