La Justicia Penal Económica recibió una denuncia contra pesqueras internacionales por operar en el mar argentino con permisos británicos de Malvinas. Acusan a las firmas de contrabando, evasión de controles aduaneros y afectación directa de la soberanía nacional.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una grave denuncia contra directivos de corporaciones pesqueras internacionales. Las firmas explotan recursos marinos en la Zona Económica Exclusiva Argentina utilizando permisos ilegales otorgados por la ocupación británica en las Islas Malvinas.
Los delitos imputados a las pesqueras: Acusan a las compañías de contrabando agravado y evasión de control aduanero, al extraer riqueza soberana para comercializarla directamente en el exterior sin fiscalización nacional.
La causa penal quedó radicada formalmente en el Juzgado N° 7 del fuero, bajo la órbita del juez Juan Pedro Galván Greenway. La presentación judicial fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, pertenecientes a la organización civil Reset Republicano.
Los letrados denunciantes explicaron en el escrito que estas maniobras afectan de forma directa la soberanía del Estado argentino. La explotación pesquera ilícita vulnera las regulaciones nacionales sobre la Plataforma Continental y despoja al país de valiosos recursos naturales marinos.
La presentación judicial individualizó a varias empresas de origen español, radicadas en Galicia, que operan mediante sociedades mixtas constituidas en las islas. Entre las firmas señaladas figuran corporaciones como Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña.
Estas compañías navieras emplean buques pesqueros de gran porte como el Monteferro, Argos Cíes, Falcon y Hadassa Bay para la captura masiva de calamar y merluza. Las naves operan bajo pabellones británicos o de las islas para eludir los aranceles aduaneros establecidos por la legislación argentina.
El escrito judicial fundamenta la acusación en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero de la Nación. Las conductas denunciadas incluyen la exportación clandestina de mercadería, el ardid para desviar el control aduanero y la participación organizada de tres o más personas en el ilícito.
Los denunciantes solicitaron además que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La petición apunta a determinar si existió una omisión deliberada en las tareas estatales de patrullaje y vigilancia sobre el Atlántico Sur.
Para respaldar la instrucción de la causa, la querella propuso al juzgado la realización de múltiples medidas probatorias. Se solicitó librar oficios urgentes a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP para obtener los registros satelitales de avistamiento de las flotas en la zona en disputa.
De igual manera, se requirió la intervención de la Dirección General de Aduanas y de la Inspección General de Justicia. La meta consiste en verificar si estas corporaciones trasnacionales poseen filiales comerciales, activos financieros o contratos operativos registrados dentro del territorio continental.
Esta presentación penal se suma a las denuncias tramitadas previamente por la Cancillería en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py. Aquella causa investiga la explotación ilegal de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas por parte de petroleras internacionales sin autorización del Estado argentino.
En ese expediente judicial se identificó a 27 directivos pertenecientes a firmas petroleras como Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Navitas Petroleum y Eco Atlantic. Esas acciones buscan sancionar las perforaciones no autorizadas sobre el lecho marino patagónico.
La ofensiva judicial en el fuero Penal Económico fortalece la posición diplomática de la Argentina en la defensa de sus derechos soberanos. El accionar de los tribunales busca frenar la expoliación de recursos pesqueros y reafirmar la jurisdicción nacional sobre los espacios marítimos australes.
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