El Ministerio de Justicia notificó a la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol para que expliquen irregularidades en sus estados contables de más de 111 y 340 millones de dólares. La medida exige documentos sobre gastos ajenos a sus estatutos y amenaza con multas severas a entidades y directivos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) notificó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la extinta Superliga para que brinden explicaciones detalladas sobre sus estados contables.
El requerimiento del organismo estatal se centra en la justificación de activos y movimientos financieros que superan los USD 111.000.000 en la AFA y los USD 340.000.000 en la liga profesional. Según el comunicado oficial, la medida busca que la entidad presente documentos que respalden inversiones no previstas en sus estatutos sociales.
El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, fundamentó la medida en la necesidad de garantizar que todas las asociaciones civiles cumplan con los mismos estándares de transparencia.
El organismo advirtió que la falta de respuestas dentro de los plazos legales podría derivar en multas económicas directas para las instituciones y sus autoridades. Esta acción administrativa representa el paso más concreto del Poder Ejecutivo en el conflicto que mantiene con la conducción del fútbol argentino.
El análisis técnico de la IGJ detectó inconsistencias en siete periodos contables, iniciados en 2017. Entre los puntos más críticos, el organismo señaló el uso de cuentas genéricas denominadas “Varios” u “Otros”, donde se asentaron sumas millonarias sin el debido detalle conceptual.
En el último ejercicio de 2023, la cuenta de créditos diversos alcanzó los $7.526 millones, cifra que el Gobierno calificó de desproporcionada.
Además, la autoridad de control exigió desagregar gastos por más de $58.000 millones. Este monto incluye partidas destinadas a las Selecciones Nacionales, el Colegio de Árbitros y tareas de gestión administrativa.
La falta de memorias anuales firmadas y la ausencia de inventarios analíticos en ejercicios previos también forman parte del pliego de observaciones que la dirigencia deportiva deberá subsanar para evitar sanciones.
El escenario administrativo se complementa con una investigación en el Juzgado Penal Económico N°10. El magistrado Marcelo Aguinsky analiza el patrimonio de la firma Real Central SRL, cuyos titulares estarían vinculados a la dirigencia de la calle Viamonte.
La justicia puso el foco sobre una estancia de 10 hectáreas en Pilar, con helipuerto y haras de caballos de alta competencia, cuya titularidad rotó entre exjugadores y proveedores oficiales de la asociación.
A este panorama se sumó la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el Tribunal de Ética de la Conmebol. La presentación cuestiona contrataciones directas, como el pago de USD 550.000 a una empresa proveedora de la tecnología VAR, bajo sospecha de conflictos de intereses y falta de transparencia fiduciaria.
Desde la asociación deportiva negaron las acusaciones y denunciaron una persecución política sistemática. Las autoridades de la entidad sostuvieron que estas acciones forman parte de un plan coordinado para forzar la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo que la actual conducción rechaza en favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
La confrontación entre el Estado y el organismo deportivo parece ingresar en una fase de definiciones legales. Mientras el Gobierno endurece los controles técnicos sobre las finanzas del fútbol, la dirigencia apela a la autonomía de sus asambleas para resistir las presiones externas.
Con una demanda que supera ampliamente a la oferta, los campos productivos en el denominado “triángulo de oro” registran subas del 10%.
Afectados por el siniestro en el complejo Estación Buenos Aires se concentraron para pedir justicia y soluciones habitacionales definitivas frente a la desidia empresarial.
El presidente argentino cerró el Madrid Economic Forum con un discurso centrado en los valores de occidente, la “moral política” y duros calificativos contra el socialismo español.
El funcionario reconoció que el uso del término “deslomarse” fue un error. Los detalles de la explicación oficial frente a los pedidos de informes de la oposición.
“Jamás cruzaron la vereda”, disparó el vocero de los frentistas de la calle Ibarlucea, quien desmintió trabas legales o patrimoniales que impidan la ampliación del Templo.
Mientras el Gobierno nacional busca extender los plazos de revisión y sumar talleres privados, la gestión de Axel Kicillof ratificó la obligatoriedad de los chequeos anuales para autos con más de dos años.
La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
El gobernador de Mendoza advirtió sobre un crecimiento asimétrico y la necesidad de brindar certezas políticas que excedan el marco del RIGI para atraer inversiones reales.
