El juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de salvataje de la firma de acopio, desplazando a los antiguos accionistas y activando un plan de pagos para mil acreedores tras cinco años de conflicto judicial.
El juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de salvataje de la firma de acopio, desplazando a los antiguos accionistas y activando un plan de pagos para mil acreedores tras cinco años de conflicto judicial.
El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dictó ayer la resolución que otorgó el control de la agroexportadora Vicentín a la empresa Grassi S.A. Esta decisión se produjo en el marco del proceso de cramdown o salvataje, una figura legal que permitió a un tercero presentar una oferta de continuidad ante la crisis de la firma.
La sentencia judicial del magistrado homologó la propuesta de pago y transferencia de acciones, lo que marcó el cierre de la etapa concursal iniciada en febrero de 2020.
La resolución judicial estableció que la compañía santafesina Grassi S.A. asumirá la conducción operativa y financiera de la agroexportadora de forma inmediata.
El plan de negocios aprobado por la justicia logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores, quienes debieron optar entre esta alternativa de pago o la liquidación total de los activos de la empresa.
Con este fallo, la familia fundadora de la compañía perdió la titularidad de la firma tras casi un siglo de actividad en el sector agroindustrial.
El esquema de cancelación de deuda fue un punto central para la aprobación del magistrado. La nueva administración dispuso un pago inicial de 30.000 dólares para cada uno de los acreedores granarios damnificados por el default.
Sin embargo, el saldo restante de las obligaciones se cancelará mediante un cronograma de cuotas anuales durante un periodo de diez años. Este mecanismo buscó dar respuesta a los productores primarios que entregaron sus granos antes del cese de pagos y que quedaron atrapados en el proceso judicial.
La llegada de Grassi S.A. al control de los activos industriales y portuarios en el Gran Rosario planteó un nuevo escenario para el mercado de granos nacional.
El consorcio liderado por la firma acopiadora deberá enfrentar ahora el desafío de reactivar la molienda de soja y la exportación de subproductos en un contexto de alta competencia.
La prioridad de la nueva gestión será restablecer el vínculo comercial con los proveedores de materia prima para garantizar el flujo operativo de las plantas.
La decisión de Lorenzini priorizó el mantenimiento de las fuentes de trabajo en las terminales del cordón industrial. Durante los años que duró el concurso, la incertidumbre sobre el futuro de la empresa afectó la estabilidad de miles de operarios y prestadores de servicios. La homologación del salvataje permitió proyectar una continuidad institucional que evitó el desguace de la infraestructura portuaria más importante del norte santafesino.
Este cambio de mando en una de las empresas más emblemáticas del país dejó interrogantes abiertos sobre el sistema de garantías en el comercio de granos.
La resolución de un conflicto de esta escala mediante un actor local representó un hito en el derecho comercial argentino. Queda por verificar si el nuevo esquema de propiedad logrará saldar las deudas pendientes y recuperar la confianza del sector productivo.
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