El rechazo en Diputados a la eliminación de dos leyes en el proyecto del Ejecutivo abrió el debate. Un reciente informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) ponen en duda la narrativa de la “magnitud imposible” del gasto.
El rechazo en Diputados a la eliminación de dos leyes en el proyecto del Ejecutivo abrió el debate. Un reciente informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) ponen en duda la narrativa de la “magnitud imposible” del gasto.
Lo que comenzó como una marcha triunfal del Gobierno en la negociación del Presupuesto 2026 ha derivado en un inesperado frente de tormenta.
El núcleo del conflicto radica en el intento de la Casa Rosada por derogar, mediante la ley de leyes, dos normas que el presidente Javier Milei ya había vetado, pero que el Congreso ratificó: la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.
Para el oficialismo, estas leyes representan una “espada de Damocles” que amenaza la regla sagrada del déficit cero. Sin embargo, un análisis pormenorizado de las partidas y un reciente informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) ponen en duda la narrativa de la “magnitud imposible” del gasto.
El argumento de la escasez de recursos choca de frente con la propia arquitectura del Presupuesto 2026. Mientras el Ejecutivo busca recortar beneficios sociales y educativos, el proyecto convalida una resignación masiva de ingresos a través de beneficios fiscales.
La baja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, la reducción de Bienes Personales, la eliminación del Impuesto PAIS y diversos blanqueos representan una pérdida de recaudación significativamente mayor a lo que demandarían las leyes en disputa, según cálculos de NA.
Según la OPC, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad —que prevé una actualización de pensiones y aranceles para prestadores— tendría un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El escenario más ambicioso contempla la incorporación de hasta 946.000 nuevos beneficiarios. A pesar de las advertencias oficiales, los números sugieren que el refuerzo necesario (entre $1,8 y $3,6 billones de pesos) está lejos de quebrar la economía nacional.
En una línea similar, el financiamiento universitario —que incluye recomposición salarial docente y actualización de gastos de funcionamiento— representaría apenas un 0,23% del PBI.
Sumados, ambos ítems apenas superan el medio punto del Producto Bruto, una cifra que palidece frente a los beneficios otorgados a los sectores de mayores ingresos y a la industria automotriz y electrónica.
En conclusión, la batalla por el Presupuesto 2026 no parece ser una cuestión de aritmética contable, sino de prioridades políticas. El Gobierno enfrenta el desafío de explicar por qué el déficit cero es innegociable para jubilados y estudiantes, pero flexible a la hora de conceder perdones fiscales a los sectores más concentrados de la economía.
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