El Parlamento argelino aprobó por unanimidad una ley que califica la colonización francesa de 1830 a 1962 como crimen de Estado y exige disculpas e indemnizaciones a París en plena crisis diplomática entre ambos países.
El Parlamento argelino aprobó por unanimidad una ley que califica la colonización francesa de 1830 a 1962 como crimen de Estado y exige disculpas e indemnizaciones a París en plena crisis diplomática entre ambos países.
El Parlamento de Argelia aprobó por unanimidad, una legislación que clasificó oficialmente la colonización francesa (1830-1962) como un crimen de Estado. El nuevo marco legal estableció la responsabilidad jurídica de Francia sobre las tragedias ocurridas durante los 132 años de ocupación y exigió al gobierno galo el pago de indemnizaciones y una petición de disculpas formal.
Brahim Boughali, presidente de la Asamblea Nacional Popular, definió la medida como un acto soberano definitivo. El funcionario sostuvo que la memoria nacional no es negociable y que el texto enviado a París funcionó como un mensaje de reafirmación interna y externa sobre la identidad argelina.
A pesar del peso político de la norma, especialistas en derecho internacional advirtieron sobre su aplicabilidad. Hosni Kitouni, investigador de la Universidad de Exeter, señaló que la ley posee una validez estrictamente interna y carece de facultades para vincular legalmente al Estado francés en foros internacionales.
No obstante, el experto subrayó que el movimiento marcó un cambio drástico en la relación histórica con la antigua metrópoli.
La ley enumeró delitos específicos considerados imprescriptibles, entre los que destacaron las ejecuciones extrajudiciales, el saqueo de recursos y las secuelas de los ensayos atómicos. Argelia reclamó la descontaminación del Sáhara donde Francia realizó 17 detonaciones nucleares entre 1960 y 1966, acciones que afectaron a cerca de 40.000 ciudadanos.
La aprobación de esta ley coincidió con el nivel más bajo de las relaciones bilaterales en seis décadas. La tensión escaló tras el respaldo de Francia al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2024.
Asimismo, la detención y posterior indulto del escritor Boualem Sansal, junto a la reciente condena del periodista Christophe Gleizes, profundizaron el distanciamiento entre los gobiernos.
En el ámbito penal, la normativa impuso castigos severos dentro del territorio argelino. Quienes nieguen el carácter delictivo de la colonización o realicen apología de la misma podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y la suspensión de sus derechos civiles.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia evitó pronunciarse sobre el contenido de la votación. El portavoz Pascal Confavreux indicó que el gobierno no emitió comentarios sobre procesos legislativos de terceros países.
Aunque en 2017 el presidente Emmanuel Macron admitió que la colonización constituyó un crimen contra la humanidad, su postura cambió en años recientes. Tras la presentación del informe de Benjamin Stora en 2021, el mandatario francés descartó el arrepentimiento oficial y se limitó a proponer gestos simbólicos de reconciliación.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
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Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
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Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
