El Gobierno apelará nulidad del protocolo antipiquetes

El juez Martín Cormick declaró nula la resolución que regula las protestas sociales por considerarla inconstitucional. El Ministerio de Seguridad anunció que apelará el fallo para evitar que regrese el desorden a las calles y defender la libre circulación.

El protocolo entró en vigencia en diciembre de 2023 en la gestión de Patricia Bullrich. Foto: PatoBullrich.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su sentencia, el magistrado invalidó la resolución 943/2023 al considerar que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades legislativas que corresponden exclusivamente al Congreso de la Nación.

Según el fallo judicial, la normativa implementada por el Ministerio de Seguridad presentó vicios legales porque intentó modificar cuestiones de materia penal y procesal mediante una vía administrativa.

El juez determinó que el organismo careció de competencia para restringir derechos constitucionales a través de una resolución ministerial y remitió a los afectados por operativos policiales a realizar las denuncias correspondientes en el fuero penal.

La reacción de las autoridades nacionales ocurrió minutos después de conocerse la noticia. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno apelará la decisión ante la Cámara Federal. La funcionaria sostuvo que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos y jurídicos, y aseguró que su aplicación permitió garantizar la paz social y la libertad de movimiento de los ciudadanos desde diciembre pasado.

En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich defendió la herramienta que diseñó durante su etapa al frente de la cartera de Seguridad. La legisladora cuestionó la imparcialidad del magistrado y recordó que la medida recibió validaciones previas de otros jueces. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que un alto porcentaje de la población respalda la vigencia de los operativos y señalaron que la anulación responde a motivaciones políticas de sectores opositores.

El conflicto judicial sumó tensión tras una semana donde el mismo juez falló en contra del Ejecutivo en otras causas vinculadas al financiamiento universitario y conflictos diplomáticos. Desde el CELS, en tanto, destacaron que el pronunciamiento puso límites al uso de resoluciones para sobrepasar las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad.

La implementación de este sistema de control de calles registró episodios de alta sensibilidad social durante el último año. Entre los antecedentes mencionados figuró el caso de un reportero gráfico que resultó herido de gravedad durante una manifestación frente al Congreso, hecho que aún permanece bajo investigación judicial.

El cierre de esta instancia judicial dejó planteado un escenario de incertidumbre sobre el modo en que se gestionarán las futuras movilizaciones. La próxima decisión de la Cámara de Apelaciones definirá si el protocolo mantiene su vigencia operativa o si el Estado deberá buscar nuevos marcos legales para regular la protesta social.

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