El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete. Lo acusa del delito de omisión maliciosa por ocultar bienes millonarios en sus declaraciones juradas. El expediente quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas.
La Justicia Federal avanza con paso firme en una investigación patrimonial que salpica a las altas esferas del actual Gobierno. En las últimas horas, el fiscal Guillermo Marijuan requirió la indagatoria formal de Francisco Adorni, funcionario nacional y familiar directo del ministro coordinador.
El patrimonio no declarado bajo la lupa judicial:
Dinero en efectivo: Omitió reportar $24.500.000 en su presentación contable del año 2025.
Bienes alterados: Cambió los valores reales de una casa en City Bell y de un vehículo particular.
Posible condena legal: Enfrenta la inhabilitación especial y perpetua para ejercer cualquier cargo público.
El requerimiento impulsado por el titular del Ministerio Público Fiscal se fundamenta en el presunto delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”. Esta dura acusación técnica surge tras detectarse graves irregularidades y omisiones manifiestas en la documentación presentada.
La causa judicial en cuestión tuvo su origen a partir de una denuncia penal radicada por la diputada nacional Marcela Pagano. Tras el sorteo de rigor en los tribunales de Comodoro Py, el expediente quedó bajo la exclusiva órbita del Juzgado Federal a cargo del magistrado Daniel Rafecas.
El avance de las primeras pesquisas obligó al funcionario apuntado a modificar de manera urgente su información financiera. Según fuentes con acceso directo al expediente judicial, el hermano del jefe de Gabinete introdujo varias rectificaciones de último momento en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Los peritos e investigadores pusieron el foco en las llamativas alteraciones de los valores patrimoniales previamente informados. Entre los cambios más notorios exigidos por el organismo de control, figuran la revaluación de una propiedad ubicada en City Bell y modificaciones sobre el costo fiscal de un automóvil Chery Tiggo.
Sin embargo, el dato que mayor suspicacia y alerta generó en la fiscalía fue la ocultación deliberada de una abultada suma en moneda local. Durante la presentación correspondiente al ejercicio 2025, el funcionario estatal omitió declarar una tenencia de $24.500.000 en efectivo, justificando recién a posteriori que gran parte provenía de una herencia familiar.
Un elemento central en la incriminación formulada por Marijuan radica en el marcado perfil técnico y profesional que ostenta el imputado. En los pasillos judiciales no pasó desapercibido que Francisco Adorni es contador público nacional con amplia matrícula, un factor que imposibilita alegar errores por ignorancia.
La fiscalía federal considera que, dada su basta formación académica y su extensa trayectoria técnica en áreas administrativas, el acusado comprendía la naturaleza del trámite. Para los fiscales, resulta completamente inadmisible esgrimir un simple error de tipeo o un mero desconocimiento de la normativa patrimonial vigente.
Desde el inicio de la administración, el imputado ocupó lugares de extrema sensibilidad en el manejo de fondos del Estado. Inicialmente se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, para luego ser promovido en junio de 2025 a la conducción del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
En este organismo gubernamental estratégico, el denunciado tiene bajo su absoluta responsabilidad un área clave. Desde esa entidad, Adorni administra y ejecuta los pagos del multimillonario sistema de retiros y pensiones correspondiente a todo el personal militar de las Fuerzas Armadas.
El Código Penal de la Nación es categórico respecto a las sanciones para aquellos funcionarios que mienten sobre su evolución económica. El artículo 268 establece castigos severos para quien, estando obligado por la ley, “maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos” en los documentos de control de transparencia.
Las penas estipuladas para este tipo de delitos de cuello blanco contemplan desde 15 días hasta dos años de prisión. No obstante, el mayor peso punitivo radica en la estricta inhabilitación especial y de carácter perpetua para ejercer funciones en cualquiera de las dependencias estatales.
Cabe destacar que la figura legal de “omisión maliciosa” representa una calificación penal de menor gravedad dentro del código vigente. En paralelo, tanto el titular del IAF como su hermano ministro se encuentran bajo otra profunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que reviste mayor complejidad penal.
Ahora, la pelota judicial y el futuro de la investigación se encuentran de lleno en el despacho del juez Rafecas, quien evalúa el plexo probatorio. El magistrado deberá resolver en la brevedad si hace lugar al pedido del fiscal federal y convoca al contador público a prestar su declaración indagatoria obligatoria.
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