Colombia: El impacto del incremento del salario mínimo decretado por Petro

El Gobierno de Petro fijó un incremento del 23,8% en el salario mínimo, desatando el debate. Según Expertos advierten sobre una espiral inflacionaria, la destrucción del empleo formal y un grave desequilibrio fiscal que comprometería la economía colombiana.

Gustavo Petro, Ex Presidente de Colombia. Foto NA

El reciente anuncio del Poder Ejecutivo colombiano de elevar el salario básico un 23,8% ha generado una polarización profunda en la esfera económica regional. Con este ajuste, el haber mínimo alcanza los dos millones de pesos, una cifra que la administración de Gustavo Petro define como “vital” para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, analistas advierten que esta medida, aunque celebrada por los sindicatos y pensionados, podría desencadenar efectos colaterales severos en la estructura productiva y la estabilidad de precios del país andino.

Riesgos de inflación y la distorsión del mercado laboral

Para el economista Jorge Restrepo, el principal peligro reside en la presión sobre los costos de servicios esenciales y la posible compresión de la pirámide salarial. Al elevarse el piso de ingresos de forma tan drástica, se produce un fenómeno donde los trabajadores calificados ven reducida la brecha respecto al personal sin formación, desincentivando el progreso profesional. Además, advierte que este incremento actúa como una barrera para los sectores más vulnerables, como los jóvenes y los trabajadores rurales, quienes podrían quedar marginados de la formalidad ante la incapacidad de las empresas para absorber tales costos.

El desafío de la productividad y el empleo formal

Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes, sostiene que la comparación con otros modelos regionales es engañosa. Según explica en El País, a diferencia de lo ocurrido en México, en Colombia el salario mínimo está muy cerca del salario promedio, lo que deja poco margen de maniobra al sector privado. El académico pronostica que este “choque de oferta” obligará a las pequeñas y medianas empresas a reducir jornadas o acelerar procesos de automatización para subsistir, lo que paradójicamente podría derivar en una destrucción de puestos de trabajo registrados.

Impacto fiscal y sostenibilidad a largo plazo

Desde una perspectiva macroeconómica, Salomón Kalmanovitz califica la decisión como una imprudencia financiera. El exdirector del Banco de la República señala que el Estado colombiano deberá afrontar un gasto extra de 1,2 billones de pesos para ajustar su propia nómina pública, agravando un déficit que ya es preocupante. Este desequilibrio obligará a mantener tasas de interés elevadas para contener la inflación residual, lo que frenará el crecimiento general de la economía. Mientras los sectores beneficiarios perciben un alivio inmediato, los expertos temen que la medida comprometa la salud fiscal de las futuras administraciones.

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