Con más de 320 muertes documentadas y un sistema de represión institucionalizado desde 2002, la crisis venezolana trascendió la política electoral para instalarse en el terreno de los crímenes de lesa humanidad. El legado chavista-madurista profundizó la criminalización del disenso social y político.
La búsqueda de una salida democrática en Venezuela no es un fenómeno reciente, sino el saldo de un proceso de erosión institucional que comenzó a gestarse hace más de dos décadas. El 11 de abril de 2002 no solo representó una fractura del orden constitucional, sino el punto de partida para la construcción de un andamiaje jurídico y físico diseñado para segregar la protesta.
A través de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, el Estado comenzó a edificar un muro de exclusión que transformó las sedes gubernamentales en zonas prohibidas para el ciudadano. Esta lógica no solo buscó contener el avance físico de las protestas, sino criminalizar en el imaginario popular cualquier disidencia, bajo la premisa de que toda manifestación era, en esencia, un intento de golpe de Estado.
Esta estructura de control social se sofisticó con los años mediante un cerco legal que hoy sofoca los derechos de asociación y reunión, para silenciar reclamos básicos. Desde 2005, leyes como el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada (LODOFAT) han servido para judicializar a más de 150 dirigentes sindicales y miles de ciudadanos comunes, bajo el pretexto de defender los intereses de la nación.
La creación de “cuerpos de combatientes” y la institucionalización de las milicias terminaron por borrar la línea entre la seguridad ciudadana y la defensa política del partido de gobierno.
Los datos son contundentes y despojan de cualquier adjetivo la gravedad del conflicto. Este despliegue ha tenido un costo humano devastador: entre 2002 y 2020, se registraron 9.138 heridos en contextos de protesta, una cifra que desnuda la ausencia de una política democrática de orden público y la adopción de una táctica de guerra contra la población civil.
La gravedad de este escenario alcanzó niveles inéditos durante la administración de Nicolás Maduro, periodo en el cual se concentra el 72% de las muertes ocurridas en manifestaciones desde 2002.
Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y organismos como Human Rights Watch han documentado que los abusos, que incluyen torturas, asfixias y descargas eléctricas en cárceles políticas como el Helicoide, no fueron excesos aislados de funcionarios insubordinados.
Por el contrario, responden a una política sistemática de Estado para silenciar el descontento social nacido de la crisis política y económica, y la pérdida de libertades. El uso de la justicia militar para procesar a 757 civiles en 2017 y la actuación de grupos paramilitares conocidos como “colectivos” son, hoy día, las pruebas más claras de una maquinaria de persecución por motivos políticos, que consolidó lo que organismos internacionales califican como crímenes de lesa humanidad.
Ante este panorama de impunidad, abuso y control total de los poderes, la mirada del venezolano se ha desplazado, con una mezcla de alivio y escepticismo, hacia la comunidad internacional.
Tras años de comunicados diplomáticos escuetos y una retórica de no injerencia que muchos interpretan como complicidad, la noticia de una acción directa de Estados Unidos contra la cúpula de poder se percibió como una ruptura de la desesperanza.
La desesperanza no es solo emocional, ha sido el resultado de un sistema que utiliza el hambre, la persecución y la represión como herramientas de control social. Mientras la comunidad internacional debate sobre la soberanía, el venezolano de a pie mide la soberanía en la capacidad de protestar sin ser asesinado o tener que huir de su país.
Sin embargo, este anhelo de justicia plantea interrogantes profundas sobre la reconstrucción del Estado de Derecho. Si bien la detención de Nicolás Maduro representa una victoria moral para muchos venezolanos, queda pendiente el desafío de desmantelar un sistema que ha sustituido la independencia judicial y la división de poderes por el terrorismo de Estado.
Finalmente, el dilema venezolano se resume en la tensión entre la soberanía nacional y la protección de los derechos fundamentales. Para una sociedad que ha visto huir a más de ocho millones de venezolanos y que ha padecido el uso desproporcionado de la fuerza en cada ciclo insurreccional, el fin justifica, en nuestra percepción, casi cualquier medio.
No obstante, la historia de las democracias sudamericanas sugiere que la salida definitiva no solo reside en la remoción de nombres propios o grupos de poder, sino en la recuperación de una política deliberante y plural que logre derribar, de una vez por todas, el muro de la represión levantado hace 24 años. Queda por ver si la justicia internacional será el motor de este cambio o simplemente el cierre de un ciclo de dolor que aún no encuentra su redención interna.
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