Gobernadores alertan que la reforma laboral de Milei recortará fondos coparticipables mediante bajas en Ganancias e impuestos a bienes lujosos. La oposición denuncia una reforma tributaria encubierta que beneficia a grandes empresas, mientras el Gobierno negocia apoyos con distritos dialoguistas.
El Ministerio del Interior, bajo la conducción de Diego Santilli, se prepara para un periodo de intensas negociaciones con los mandatarios provinciales. El foco del conflicto radica en el componente impositivo del nuevo proyecto de reforma laboral, el cual, según denuncian diversos gobernadores, representa un severo ajuste sobre los fondos coparticipables. La preocupación central gira en torno a las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, cuya reducción de alícuotas para grandes sociedades y la incorporación de nuevas exenciones afectarían directamente el flujo de recursos automáticos que reciben las jurisdicciones del interior.
Informes técnicos de consultoras especializadas estiman que el sacrificio fiscal derivado de estos cambios alcanzaría el 0,22% del Producto Bruto Interno. De este monto, más de un billón de pesos dejaría de ingresar a las tesorerías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El impacto no será equitativo: la provincia de Buenos Aires encabeza la lista de los distritos más perjudicados, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco. Mientras el Ejecutivo nacional defiende la medida como un estímulo necesario para la inversión privada, los gobernadores advierten que el alivio impositivo a las corporaciones se financia con el presupuesto destinado a servicios esenciales en sus territorios.
Desde la oposición, el bloque de Fuerza Patria ha calificado la iniciativa como una “reforma tributaria encubierta”. Señalan que la baja de impuestos beneficia primordialmente a un segmento ínfimo de grandes empresas que concentran la mayor parte de la recaudación. Además, la propuesta de eliminar gravámenes internos sobre bienes de lujo, como automóviles de alta gama, yates y aeronaves, ha generado un fuerte rechazo. Legisladores opositores consideran contradictorio que se reduzcan tributos a los sectores de mayores ingresos mientras se mantienen congeladas las partidas para universidades o servicios de asistencia social.
La Casa Rosada ha mostrado una gestión de los recursos que premia a los distritos con posturas dialoguistas, mientras que las provincias opositoras registran variaciones mucho menores en sus transferencias. Esta dinámica de “premio y castigo” ha sido efectiva para leyes previas, pero la reforma laboral plantea un desafío mayor debido al recorte directo en la masa coparticipable. La estrategia oficial, coordinada por figuras como Patricia Bullrich en el Senado, busca llevar el texto al recinto a mediados de febrero, aunque se descuenta que los gobernadores exigirán cambios profundos en el capítulo impositivo para evitar el desfinanciamiento de sus administraciones.
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