El ministro de Economía respaldó el crédito de USD 3.000 millones destinado a pagar vencimientos este viernes. Aseguró que la operación reduce la deuda neta y cuestionó duramente la herencia financiera de las gestiones anteriores.
El ministro de Economía respaldó el crédito de USD 3.000 millones destinado a pagar vencimientos este viernes. Aseguró que la operación reduce la deuda neta y cuestionó duramente la herencia financiera de las gestiones anteriores.
El Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretaron un acuerdo de financiamiento bajo la modalidad REPO con seis entidades bancarias internacionales. La operación, que tiene un plazo de un año y doce días, permitirá al Poder Ejecutivo afrontar el compromiso financiero más importante del periodo actual.
Aunque la autoridad monetaria no identificó formalmente a las instituciones, en el mercado financiero trascendió la participación de entidades como Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank.
El monto obtenido asciende a 3.000 millones de dólares y se pactó a una tasa anual del 7,4%. Este costo financiero representa una reducción respecto a operaciones similares realizadas el año pasado, cuando se convalidaron tasas del 8,8% en enero y del 8,25% en junio de 2025. El descenso en el interés se suma a otras maniobras recientes de captación de divisas, como la ampliación del Bonar 2029 y los ingresos derivados de la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
El pago que debe ejecutarse este viernes alcanza los 4.216 millones de dólares. La mayor parte de esta cifra corresponde a bonos Globales (USD 2.567 millones) y Bonares (USD 1.649 millones), instrumentos que surgieron de la reestructuración de deuda realizada en 2020. Del total del vencimiento, aproximadamente 500 millones de dólares pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo que ese tramo no requerirá el uso de reservas internacionales.
El mecanismo implementado busca que el Tesoro Nacional acceda a los dólares necesarios para cumplir con los acreedores sin descapitalizar las arcas del Banco Central. Según la planificación oficial, la diferencia entre el préstamo tomado y el monto total a pagar se cubrirá con recursos propios, lo que el Gobierno define como un proceso de desendeudamiento neto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la operación a través de sus redes sociales y mantuvo un fuerte cruce con sectores de la oposición. El funcionario sostuvo que la actual administración logró eliminar el déficit fiscal, lo que marca una diferencia con gestiones anteriores.
Según sus declaraciones, la deuda consolidada se redujo en 50.000 millones de dólares bajo su mandato, contrastando este dato con los incrementos de pasivos registrados durante la presidencia de Alberto Fernández.
El titular del Palacio de Hacienda enfatizó que, al solicitar un crédito menor al vencimiento que se cancela, el Estado está reduciendo su carga financiera total. Asimismo, recordó que las obligaciones actuales son consecuencia directa de las condiciones pactadas durante la gestión del exministro Martín Guzmán.
La resolución de este vencimiento otorga previsibilidad al programa económico en el corto plazo, al despejar las dudas sobre la capacidad de pago inmediata. Sin embargo, el carácter transitorio de este préstamo —con vencimiento en enero de 2027— plantea el desafío de continuar fortaleciendo el superávit y la acumulación de reservas para futuras obligaciones.
La estrategia de recurrir a créditos garantizados con bancos internacionales parece consolidarse como la herramienta principal para administrar los pasivos del país mientras se busca normalizar el acceso a los mercados voluntarios de crédito. El éxito de esta política dependerá, en última instancia, de la evolución de las variables macroeconómicas durante los próximos doce meses.
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