La Justicia denegó el pedido de presuntos testaferros para paralizar durante enero la pesquisa sobre una lujosa propiedad en Pilar ligada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. El expediente avanza pese a apelaciones que escalaron a cámaras de apelaciones.
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, rechazó el planteo de Luciano Pantano y Ana Conte, quienes solicitaron paralizar la investigación sobre una mansión en Pilar durante el receso de enero.
Los imputados, señalados como supuestos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), argumentaron que no existen razones de urgencia para mantener el juzgado activo. Sin embargo, el magistrado decidió elevar el conflicto a la Cámara de apelaciones para que resuelva el futuro inmediato del expediente.
La defensa de los acusados —un monotributista y una jubilada— sostuvo ante la Justicia que la causa debería retomarse recién en febrero. El abogado Mariano Morán alegó que el proceso no cuenta con detenidos ni medidas impostergables que justifiquen habilitar la feria judicial.
No obstante, Aguinsky consideró necesario dar continuidad a las diligencias para evitar que los efectos del presunto delito de lavado de activos y administración fraudulenta sigan vigentes.
Ahora, la decisión final recae sobre la sala de feria de la Cámara, integrada por los magistrados Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia. Ellos deberán determinar si el avance de la investigación es prioritario o si se debe acatar el pedido de los titulares de la sociedad Real Central.
La sospecha central de los investigadores radica en la falta de capacidad económica de Pantano y Conte para adquirir la propiedad de Villa Rosa. La mansión, de 105 mil metros cuadrados, fue comprada formalmente por 1.800.000 dólares, aunque tasaciones oficiales elevan su valor de mercado a los 17 millones de dólares. El predio cuenta con helipuerto, un haras y un galpón con 54 vehículos de lujo.
Durante los procedimientos policiales, se detectaron indicios que vinculan el lugar con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Entre las pruebas halladas figuran bolsos con el logo de la entidad, placas de homenaje al dirigente y vehículos de competición. Además, una pericia determinó que los gastos operativos de la quinta se abonaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, con consumos mensuales de 50 millones de pesos.
Paralelamente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la competencia del caso bajo el argumento de que el inmueble se ubica en su territorio. Aguinsky rechazó desprenderse de la investigación, tras señalar que el delito principal sería la malversación de fondos de la AFA ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta disputa por la competencia territorial se encuentra ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Mientras se resuelven estas cuestiones procesales, la Justicia planea citar a declarar a los pilotos del helicóptero que frecuentaba la propiedad para identificar a los ocupantes. El avance de estas declaraciones testimoniales depende de si el tribunal de alzada decide que la actividad judicial debe continuar este verano.
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