La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de mayoría para crear un régimen permanente de discapacidad impulsado por el oficialismo, mientras la oposición firmó un proyecto de minoría para prorrogar la emergencia nacional hasta 2027.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de mayoría para crear un régimen permanente de discapacidad impulsado por el oficialismo, mientras la oposición firmó un proyecto de minoría para prorrogar la emergencia nacional hasta 2027.
En un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría para impulsar una ley permanente en materia de discapacidad.
La iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) reunió 42 adhesiones, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría con 36 firmas que propone extender la emergencia hasta finales de 2027. El bloque oficialista busca llevar la norma al recinto el 7 de octubre, en paralelo al debate del Presupuesto 2027 que comenzará el 13 de octubre.
El proyecto del oficialismo plantea reemplazar el régimen de emergencia por una normativa de vigencia indefinida. Según explicaron desde LLA, la propuesta ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793, y convierte en permanentes herramientas que funcionaban durante la emergencia, como el sistema de aranceles universales y homogéneos, el nomenclador común y su mecanismo de actualización.
La diputada, Laura Rodríguez Machado (LLA), defendió la iniciativa y aseguró que “es una propuesta de ley superadora de la emergencia: queremos una ley permanente”. “Lo mejor que podemos hacer es devolverle con una ley permanente algo que con la emergencia se les quitó, y saber que sus derechos siguen adelante y nadie se los va a venir a cortar”, enfatizó la legisladora.
El dictamen aprobado mantiene el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad en el 70% del haber jubilatorio mínimo y establece una actualización mensual, automática y sujeta a la inflación.
Además, conserva la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo, siempre que los ingresos mensuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos. En la actualidad, la pensión ronda los $300.000 y el salario mínimo, los $380.000.
Para alcanzar los números necesarios, el oficialismo contó con el respaldo de la UCR, que comanda Pamela Verasay, el PRO de Cristian Ritondo y el MID de Oscar Zago.
Sin embargo, de las 42 firmas a favor, cuatro lo hicieron en disidencia: Eduardo Falcone (MID), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y la neuquina Karina Maureira. Fuentes parlamentarias indicaron que algunos aliados quedaron disconformes y comentaron que “les dieron todo, menos la condición de emergencia”.
El peronismo, junto a la izquierda, Provincias Unidas y Elijo Catamarca de Raúl Jalil, reunió 36 firmas para un dictamen de minoría que propone prorrogar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, se burló del giro del Gobierno sobre los recortes dispuestos en el Presupuesto 2027 y afirmó: “Este es el plan recalculando”.
Martínez argumentó que, si la propuesta del oficialismo se convierte en ley, “ningún juez” le va a firmar a una organización una presentación para reclamar una actualización o el pago de un servicio, “cuando desde un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados le firma un dictamen que elimina la emergencia”.
Por su parte, el radical Pablo Juliano, quien también acompaña la prórroga de la emergencia, expresó que no cree en el giro del Gobierno. “Todo lo que prometen en la comisión deberá verse reflejado en el recinto cuando se vote el Presupuesto 2027, son dos cosas que tienen que suceder a la vez”, reclamó.
Para avanzar con su propuesta, el oficialismo aceptó incorporar las partidas presupuestarias dentro del proyecto de ley de Presupuesto 2027. El texto dispone que los gastos derivados de la nueva norma sean afrontados mediante partidas específicas asignadas anualmente a la jurisdicción correspondiente, con un crédito presupuestario suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El oficialismo destacó que la emergencia propuesta por el peronismo vencería en diciembre de 2027, mientras que la nueva ley tendría vigencia indefinida desde el día siguiente a su publicación.
Además, señalaron que, con la emergencia, la distribución de las partidas queda a discrecionalidad del jefe de Gabinete, mientras que con la normativa que se dispone una asignación anual en el Ministerio de Salud que no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio anterior.
El dictamen también contempla un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de las pensiones, con cruces de información entre organismos públicos y garantías de debido proceso.
Asimismo, se dispone la publicación periódica, en formatos abiertos y accesibles, de información sobre partidas y ejecución presupuestaria, valores de los aranceles del sistema y cantidad y valores vigentes de las pensiones, preservando los datos personales y sensibles.
Con los dictámenes definidos en comisión, el debate por la discapacidad pasa ahora al recinto y al Presupuesto 2027. Aún no está claro cómo votarán los bloques opositores ni si las garantías anunciadas se reflejarán en los números finales.
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