El Gobierno suspendió la reforma tributaria integral ante la resistencia de los gobernadores a ceder fondos. La Casa Rosada ahora prioriza cambios impositivos graduales dentro de la ley laboral, buscando aliviar cargas empresariales sin comprometer el equilibrio fiscal ni el presupuesto.
La administración nacional ha decidido archivar la idea de una reforma impositiva global para centrar todos sus esfuerzos en la aprobación de la “modernización laboral”. Esta determinación responde a una lectura pragmática del escenario legislativo: la resistencia de los mandatarios provinciales a ceder recursos coparticipables ha vuelto inviable un paquete tributario ambicioso en el corto plazo.
El Palacio de Hacienda, bajo la conducción de Luis Caputo, ha optado por un esquema de modificaciones graduales supeditadas estrictamente a la evolución del superávit fiscal. En lugar de un gran proyecto único, el Gobierno busca introducir ajustes impositivos específicos dentro de la normativa laboral, enfocándose principalmente en alivios para las empresas. Desde el oficialismo argumentan que no existe margen para una transformación profunda mientras las provincias no acepten recortes en sus propias tasas y el déficit no esté consolidado tras los cambios en el Presupuesto 2026.
El principal punto de fricción radica en el Impuesto a las Ganancias. El proyecto oficial pretende reducir las alícuotas para las compañías, lo que impactaría de forma directa en la recaudación que se distribuye a las provincias. En un año donde catorce gobernadores se juegan su futuro político y buscan la reelección, la disposición a resignar ingresos es nula. Los jefes provinciales leen el ajuste nacional como una amenaza a su autonomía territorial, especialmente en un contexto donde la Casa Rosada ha utilizado las transferencias discrecionales como herramienta de presión política.
Mientras la senadora Patricia Bullrich intenta alinear los votos en la Cámara Alta para la segunda mitad de enero, el Ministerio del Interior despliega una agenda de visitas a las provincias para intentar destrabar el conflicto. Como moneda de cambio, algunos gobernadores exigen avanzar con leyes sectoriales, como la reforma a la Ley de Glaciares, que permitiría expandir la actividad minera. Por ahora, el ambicioso tríptico de reformas que planeaba el presidente Javier Milei ha quedado reducido a la supervivencia de la ley laboral, la única iniciativa que conserva chances reales de atravesar el filtro parlamentario en este periodo estival.
Barracas Central separó este lunes de forma preventiva al delantero Gonzalo Morales, luego de confirmarse una denuncia penal en su contra por violencia de género presentada por su expareja.
Tras la breve tregua de junio, la confianza en el Gobierno de Javier Milei retrocedió un 6,5% en julio y cayó a 1,94 puntos. El informe de la Universidad Di Tella atribuyó el deterioro al descontento en jóvenes y al impacto de la inseguridad.
Aníbal Fernández reapareció este lunes en la Gobernación bonaerense para alinearse con Axel Kicillof, tildar de imposible la candidatura de Cristina Kirchner y denunciar a Máximo Kirchner por el manejo discrecional de las candidaturas del espacio.
Estimaciones de la Unión Industrial Argentina revelaron que la actividad fabril cayó 1,8% interanual en junio, arrastrada por desplomes en construcción y metalmecánica que amortiguaron los repuntes registrados en energía y exportaciones.
Informes del INDEC revelaron que 501.900 residentes viajaron al exterior en junio, marcando una baja interanual del 22%. Sin embargo, el mayor gasto de los viajeros locales sostuvo un déficit trimestral de 751,9 millones de dólares.
Luego del conflicto desencadenado por el presidente Javier Milei en São Paulo, diplomáticos de Argentina y Brasil dialogaron en Itamaraty sin lograr acuerdos, en medio del llamado a consultas del embajador brasileño a tiempo indeterminado.
El piloto argentino cerró la primera parte de la temporada con un discreto decimoquinto puesto en el GP de Hungría.
En el marco de la visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó este lunes un proyecto para prohibir acuerdos con el FMI por decreto y exigir aval del Congreso.
