El Departamento de Estado pausará desde el 21 de enero los trámites de residencia en naciones como Brasil, Colombia y Rusia. La administración de Donald Trump busca evitar que los extranjeros representen una carga pública para el Estado.
El Departamento de Estado pausará desde el 21 de enero los trámites de residencia en naciones como Brasil, Colombia y Rusia. La administración de Donald Trump busca evitar que los extranjeros representen una carga pública para el Estado.
El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, responde a una nueva directriz del Departamento de Estado orientada a restringir el ingreso de personas que, bajo su criterio, representen un riesgo de dependencia económica para el sistema de bienestar social.
El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó que la administración utilizará su autoridad legal para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una “carga pública”. Según el funcionario, el objetivo es realizar una reevaluación de los procedimientos de selección para asegurar que los nuevos residentes no utilicen beneficios públicos de manera excesiva.
La lista de naciones alcanzadas incluye una diversidad de regiones. En el continente americano, la suspensión afecta a ciudadanos de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, además de naciones del Caribe como Jamaica y Bahamas, y países de Centroamérica como Nicaragua y Guatemala. En el ámbito global, la restricción impacta a Rusia, Irán, Nigeria, Tailandia y Afganistán, entre otros.
Es importante precisar que esta disposición no altera la emisión de visas de no inmigrante, tales como las de turismo o negocios (B1/B2). No obstante, las autoridades confirmaron que se intensificarán los controles de seguridad y la revisión de antecedentes, incluyendo el escrutinio de las redes sociales de los solicitantes y, en ciertos casos, la exigencia de fianzas bancarias de hasta 15.000 dólares para visitantes temporales.
La decisión se fundamenta en una interpretación rigurosa de la cláusula de “carga pública”. Esta normativa permite rechazar solicitantes basándose en factores como la edad, el estado de salud, la situación financiera y el dominio del idioma inglés. El nuevo enfoque administrativo permitiría negar el visado a personas mayores o con condiciones de salud preexistentes que pudieran requerir asistencia estatal.
El director de estudios de inmigración del Instituto Cato, David Bier, señaló que esta medida podría bloquear el ingreso de casi la mitad de los inmigrantes legales, lo que representaría una reducción de aproximadamente 315.000 personas en el próximo año.
Por su parte, organizaciones civiles advirtieron que estos cambios podrían generar un temor generalizado en las comunidades internacionales, alejándolas de servicios esenciales por miedo a comprometer su estatus legal.
La implementación de esta pausa ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas administrativas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Ante la ausencia de una fecha límite para esta revisión de procedimientos, queda el interrogante de si esta medida constituye un ajuste técnico temporal o si representa una reconfiguración estructural de la política de acceso a la residencia en Estados Unidos.
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