Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reveló que el último control exhaustivo sobre el uso de combustibles y fondos estatales data de 2021.
Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reveló que el último control exhaustivo sobre el uso de combustibles y fondos estatales data de 2021.
El entramado de los subsidios al transporte público en la Argentina ha ingresado en una zona de sombras legales y administrativas. En medio de crecientes denuncias por falta de fiscalización, se conoció que el último informe oficial de control data de octubre de 2021, lo que implica una laguna de casi cinco años en la auditoría técnica sobre el destino de los millonarios fondos estatales. El documento, elaborado originalmente para evaluar la eficiencia energética y el consumo de combustible, es hoy la única referencia oficial en un sistema que mueve cifras astronómicas sin un seguimiento actualizado.
La revelación de este vacío de control coincide con un momento de extrema tensión en el sector. Tras la reciente renuncia de Luis Pierrini —exfuncionario cercano al ministro Luis Caputo—, se ha recrudecido la denominada “guerra de los subsidios” entre grandes grupos empresarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como DOTA y La Nueva Metropol. Las acusaciones cruzadas apuntan a una distribución irregular de aproximadamente 30.000 millones de pesos, donde la falta de auditorías recientes habría permitido manipulaciones en el sistema SUBE y ventajas competitivas obtenidas a través de la opacidad en los registros de consumo.
Desde la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, el hermetismo ha sido la respuesta predominante ante los pedidos de informes. La ausencia de fiscalización no solo afecta la transparencia del gasto público, sino que impacta directamente en la calidad del servicio y la seguridad vial. Sin peritajes técnicos actualizados sobre el estado de las unidades y su gasto real de combustible, el Estado Nacional continúa girando recursos basándose en proyecciones y datos obsoletos, una práctica que la Auditoría General de la Nación (AGN) ha señalado como de “alto riesgo sistémico” para las arcas públicas.
Este escenario plantea un dilema ético para un Gobierno que ha hecho del equilibrio fiscal su principal bandera. Mientras se endurecen los requisitos patrimoniales para los usuarios que buscan mantener el subsidio energético, el sistema de transporte parece funcionar bajo un régimen de autogestión corporativa sin rendición de cuentas. La falta de un informe de control desde 2021 sugiere una desidia administrativa que atraviesa gestiones y que, para el público adulto y reflexivo, representa el núcleo del “costo argentino”: una estructura de subsidios que, ante la falta de luz pública, termina financiando ineficiencias y disputas de poder empresarial.
Hacia el futuro, la resolución de este conflicto requerirá más que un cambio de nombres en las subsecretarías. La demanda de una auditoría integral y externa sobre el sistema SUBE y el kilometraje real de las unidades es hoy un imperativo para evitar que el transporte siga siendo un agujero negro fiscal. En un año marcado por la recalibración de las tarifas, la transparencia en el reparto de los 30.000 millones de pesos en disputa será la prueba de fuego para determinar si la modernización del Estado es una reforma estructural o simplemente un cambio de ventanilla en el reparto de la renta estatal.
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