Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reveló que el último control exhaustivo sobre el uso de combustibles y fondos estatales data de 2021.
Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reveló que el último control exhaustivo sobre el uso de combustibles y fondos estatales data de 2021.
El entramado de los subsidios al transporte público en la Argentina ha ingresado en una zona de sombras legales y administrativas. En medio de crecientes denuncias por falta de fiscalización, se conoció que el último informe oficial de control data de octubre de 2021, lo que implica una laguna de casi cinco años en la auditoría técnica sobre el destino de los millonarios fondos estatales. El documento, elaborado originalmente para evaluar la eficiencia energética y el consumo de combustible, es hoy la única referencia oficial en un sistema que mueve cifras astronómicas sin un seguimiento actualizado.
La revelación de este vacío de control coincide con un momento de extrema tensión en el sector. Tras la reciente renuncia de Luis Pierrini —exfuncionario cercano al ministro Luis Caputo—, se ha recrudecido la denominada “guerra de los subsidios” entre grandes grupos empresarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como DOTA y La Nueva Metropol. Las acusaciones cruzadas apuntan a una distribución irregular de aproximadamente 30.000 millones de pesos, donde la falta de auditorías recientes habría permitido manipulaciones en el sistema SUBE y ventajas competitivas obtenidas a través de la opacidad en los registros de consumo.
Desde la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, el hermetismo ha sido la respuesta predominante ante los pedidos de informes. La ausencia de fiscalización no solo afecta la transparencia del gasto público, sino que impacta directamente en la calidad del servicio y la seguridad vial. Sin peritajes técnicos actualizados sobre el estado de las unidades y su gasto real de combustible, el Estado Nacional continúa girando recursos basándose en proyecciones y datos obsoletos, una práctica que la Auditoría General de la Nación (AGN) ha señalado como de “alto riesgo sistémico” para las arcas públicas.
Este escenario plantea un dilema ético para un Gobierno que ha hecho del equilibrio fiscal su principal bandera. Mientras se endurecen los requisitos patrimoniales para los usuarios que buscan mantener el subsidio energético, el sistema de transporte parece funcionar bajo un régimen de autogestión corporativa sin rendición de cuentas. La falta de un informe de control desde 2021 sugiere una desidia administrativa que atraviesa gestiones y que, para el público adulto y reflexivo, representa el núcleo del “costo argentino”: una estructura de subsidios que, ante la falta de luz pública, termina financiando ineficiencias y disputas de poder empresarial.
Hacia el futuro, la resolución de este conflicto requerirá más que un cambio de nombres en las subsecretarías. La demanda de una auditoría integral y externa sobre el sistema SUBE y el kilometraje real de las unidades es hoy un imperativo para evitar que el transporte siga siendo un agujero negro fiscal. En un año marcado por la recalibración de las tarifas, la transparencia en el reparto de los 30.000 millones de pesos en disputa será la prueba de fuego para determinar si la modernización del Estado es una reforma estructural o simplemente un cambio de ventanilla en el reparto de la renta estatal.
Un ajuste de cuentas por la venta de un auto de alta gama terminó en tragedia en San Isidro. El comprador, tras no recibir la devolución de 10.000 dólares por problemas mecánicos, contrató a un sicario que acribilló la vivienda de la familia. La víctima, una mujer de 53 años, murió en el living de …
Cada 17 de marzo se celebra la labor de las profesionales dedicadas al cuidado y acompañamiento de las familias durante la primera infancia. Su intervención es determinante para el éxito de la lactancia materna y la salud emocional de la madre y el recién nacido.
El gremio que agrupa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil iniciará este miércoles 18 de marzo una medida de fuerza que se extenderá por una semana. El reclamo salarial impactará en 27 terminales aéreas, con especial foco en los servicios operativos del interior del país.
El Ministerio de Capital Humano anunció la finalización del plan que asistía a 900.000 personas para el próximo 9 de abril. Los beneficiarios dejarán de percibir la asignación mensual de $78.000 y podrán optar por un nuevo sistema de financiamiento educativo para la inserción laboral.
El director del organismo previsional dejó su cargo tras un acuerdo con la ministra Sandra Pettovello. El Gobierno busca acelerar la digitalización y eficiencia de la entidad, designando en su lugar a un funcionario de carrera con amplia trayectoria en el sector.
El nuevo ministro de Justicia mantuvo su primer encuentro institucional con los magistrados Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. En una reunión clave para normalizar el funcionamiento de los tribunales federales, el funcionario ratificó el envío de pliegos al Senado y adelantó una reforma integral del Código Penal.
La primera medición de Zuban Córdoba tras las revelaciones del entramado cripto muestra una caída histórica en la aprobación presidencial. El 58,7% de los argentinos rechaza la gestión libertaria, mientras la justicia analiza pruebas que vinculan directamente al mandatario con millonarios pagos en dólares.
Una iniciativa en el Congreso de Michoacán, México busca eliminar la obligatoriedad de la firma del progenitor deudor o ausente para viajes y documentos de menores. La propuesta intenta evitar que la patria potestad se utilice como herramienta de extorsión o represalia en disputas familiares.
