Patricia Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero tras acordar con bloques aliados un alto porcentaje del texto, aunque el capítulo fiscal y la coparticipación de Ganancias mantienen en alerta a los gobernadores provinciales.
Patricia Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero tras acordar con bloques aliados un alto porcentaje del texto, aunque el capítulo fiscal y la coparticipación de Ganancias mantienen en alerta a los gobernadores provinciales.
El Gobierno nacional y los bloques de la oposición dialoguista formalizaron este martes el pedido de sesión especial en la Cámara alta para debatir el proyecto de reforma laboral el próximo miércoles. Tras una reunión de dos horas en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR), los representantes del oficialismo aseguraron que el consenso alcanza al 95% del articulado, dejando bajo estricto hermetismo las modificaciones finales que se introducirán directamente en el recinto.
Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, sostuvo que la convocatoria responde a la certeza de contar con los números necesarios para la aprobación. Según la funcionaria, se aceptaron múltiples sugerencias de los sectores aliados para consolidar un texto que fomente el crecimiento de las empresas y la creación de puestos de trabajo.
Sin embargo, aclaró que los detalles técnicos se mantendrán “bajo cuatro llaves” hasta el inicio del debate parlamentario para proteger el acuerdo político.
A pesar del optimismo oficial, el punto de mayor fricción radica en el capítulo fiscal. La preocupación de los gobernadores se centra en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que reduciría la coparticipación hacia las provincias en aproximadamente un 0,15% del PBI. Mientras el Ejecutivo argumenta que la formalización de trabajadores compensará la pérdida, los mandatarios provinciales exigen alternativas concretas antes de comprometer el voto de sus legisladores.
Eduardo Vischi, presidente de la bancada de la UCR, reconoció que el aspecto financiero es el eje que todavía “están limando”. El senador correntino destacó la necesidad de contar con previsiones claras para los distritos del interior.
En la misma línea, se discuten beneficios específicos para medianas empresas para evitar que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —financiado con un 3% de la masa salarial— afecte desproporcionadamente a los empleadores más pequeños o al financiamiento de la ANSES.
La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 21 senadores propios, por lo que la viabilidad de la sesión depende del acompañamiento de la UCR, el PRO y los bloques federales. Si se repite la asistencia de la última cumbre, el oficialismo superaría el piso de 37 votos para habilitar el quórum, aunque la ausencia de representantes de Salta y Santa Cruz genera interrogantes sobre la solidez de la mayoría.
El cierre del dictamen definitivo está previsto para el lunes previo a la sesión. El Gobierno mantiene abiertas las mesas de negociación con los ministros de Hacienda provinciales para intentar destrabar el conflicto impositivo. La intención de los legisladores es arribar al miércoles 11 con un acuerdo “cerrado y clarito” que evite modificaciones sorpresivas durante la votación en particular, un escenario que ya frustró iniciativas legislativas anteriores.
La resolución del conflicto dependerá de la capacidad del Ministerio de Economía para ofrecer compensaciones que satisfagan a las provincias sin vulnerar el objetivo de superávit fiscal.
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