La Confederación General del Trabajo (CGT) inicia un proceso de renovación en medio de fuertes tensiones internas, divisiones entre sectores dialoguistas y combativos, y presiones por definir una estrategia común frente al gobierno de Javier Milei y la coyuntura política nacional.
Dos hombres fueron castigados este martes en la provincia indonesia de Aceh con 76 latigazos públicos cada uno, tras ser declarados culpables de mantener relaciones sexuales, una práctica prohibida bajo la estricta aplicación de la ley islámica local.
La justicia revirtió la decisión del Gobierno que afectaba a más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, generando un nuevo escenario en la reestructuración del organismo.
El Ejecutivo evalúa terminar con la autonomía de la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladarla para que el Ministerio de Salud asuma el control directo sobre los procesos de contratación y licitación.
El presidente Trump anunció la destitución de la gobernadora Lisa Cook, marcando un enfrentamiento sin precedentes con el banco central que pone en riesgo su independencia.
Tras días de silencio, el presidente argentino hizo su primera referencia al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, republicando un comunicado de la droguería acusada de pagar sobornos a Karina Milei.
El dueño del laboratorio HLB Pharma, principal señalado en la causa por la muerte de casi un centenar de personas, optó por no solicitar la libertad y enfrenta la investigación con firmeza.
La jueza fue suspendida y ya no puede renunciar mientras se investiga su responsabilidad por autorizar la filmación del documental “Justicia Divina” durante el proceso judicial, motivo que provocó la nulidad del debate oral.
La Fiscalía extrajo la información del teléfono del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, principal protagonista del escándalo por audios que denuncian un esquema de cobro de sobornos con droguerías proveedoras.
El Gobierno argentino incluyó al Cartel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano, en su registro de organizaciones terroristas. La medida busca fortalecer la lucha contra redes ilícitas y coordinar con aliados internacionales, en medio de tensiones políticas y negaciones públicas sobre la existencia real del grupo.
