El Gobierno israelí revocará los permisos de 37 organizaciones humanitarias desde enero por supuestos vínculos terroristas. La medida genera alerta internacional ante el posible cierre de centros sanitarios que atienden a miles de palestinos en la Franja.
Gaza denunció que Israel solo permitió el ingreso del 41% de la ayuda pactada durante la tregua, alertando sobre un déficit crítico de combustible y alimentos. En contraste, Israel afirmó cumplir el acuerdo enviando hasta 800 camiones diarios al enclave.
Gaza enfrenta un “ecocidio” por la acumulación de 61 millones de toneladas de escombros y químicos tóxicos. Con el 98% de tierras agrícolas destruidas y acuíferos contaminados, expertos advierten que la recuperación ambiental y alimentaria del territorio tardará varias décadas.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las tropas no se retirarán de Gaza para garantizar la seguridad. Pese a las presiones de Estados Unidos por el plan de paz, sugirió establecer puestos militares en antiguos asentamientos desmantelados.
Israel mató a 32 palestinos en 24 horas, violando el alto el fuego y desatando una “peligrosa escalada”. Hamás denunció la ofensiva al Consejo de Seguridad de la ONU y exigió a Donald Trump que presione a Israel para asegurar el cumplimiento total de la tregua.
Las fuertes lluvias han inundado las tiendas de campaña de 13.000 familias desplazadas en la Franja de Gaza, sumiendo a la población en una crisis sanitaria y social crítica en medio de un conflicto prolongado.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de paz de Donald Trump para Gaza con 13 votos a favor. La resolución crea una Fuerza Internacional de Seguridad (ISF) hasta 2027, aunque no detalla el desarme de Hamás. EE. UU. no participará en la fuerza.
Los ataques generan preocupación y zozobra en una región donde, desde el 10 de octubre, rige un precario alto el fuego entre Israel y Hamás gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.
Se trata del más reciente intercambio de rehenes y cuerpos desde el cese al fuego en Gaza.
El máximo órgano judicial de la ONU estableció que Israel tiene la responsabilidad de asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de los palestinos.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
