El Senado sesionará este jueves para votar el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto que busca regular los Decretos de Necesidad y Urgencia. La insistencia en mantener vigente esta ley representa un golpe inédito para el Gobierno tras 22 años sin rechazo parlamentario a un veto.
El escenario legislativo en Argentina se tensa con la sesión que el Senado celebrará este jueves desde las 11, donde buscará rechazar el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso. Será la primera vez en 22 años que el Parlamento insiste en mantener vigente una ley tras un veto presidencial, lo que marca un duro revés para el oficialismo.
La Cámara de Diputados ya rechazó el veto el pasado 20 de agosto con un amplio respaldo de 172 votos contra 73, decisión que se espera confirme la Cámara alta en los próximos días. De esta manera, la ley de emergencia en materia de discapacidad quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizando la actualización de prestaciones y la compensación ante la inflación, así como la igualdad de derechos para más de 200 mil beneficiarios.
Además, el temario contempla debatir una reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca poner límites a esta herramienta presidencial que ha sido utilizada intensamente por el gobierno de Milei para sortear la intervención legislativa. La iniciativa legislativa propone que los DNU deban ser aprobados por ambas cámaras en un máximo de 90 días o serán automáticamente derogados, y que el rechazo de una sola cámara será suficiente para anularlos.
Este debate se enmarca en un contexto de fuerte confrontación política, donde la oposición ha mostrado una cohesión inusual al enfrentar las decisiones del Ejecutivo, especialmente tras el escándalo de los audios que involucran a la hermana del presidente en supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El rechazo del veto y la reforma de los DNU reflejan una resistencia legislativa que podría marcar un punto de inflexión en el ejercicio del poder y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Para el Gobierno, representa un desafío que deberá sortear en lo que queda del período legislativo.
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