La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó que funcionarios del Gobierno de Javier Milei no pueden ser llevados a declarar por la fuerza pública ante la Comisión Investigadora del caso $Libra en la Cámara de Diputados. El tribunal descartó el pedido de la comisión y confirmó un fallo previo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
La Cámara Federal rechazó el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que buscaba que se ordenara el traslado forzoso de funcionarios citados para declarar por la creación de la criptomoneda $Libra, promovida por el presidente Javier Milei.
Entre los convocados estaban Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; y María Florencia Zicavo, responsable de una unidad investigativa especial.
Aunque fueron citados, ninguno se presentó en las fechas establecidas. También fue citada Karina Milei, secretaria General de la Nación y hermana del Presidente, quien no respondió.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi explicaron que la investigación legislativa persigue obtener información para evaluar aspectos de interés público, mientras que la jurisdicción penal se limita a determinar la comisión de delitos específicos.
Por ello, no corresponde que un magistrado aclimate medidas coercitivas para traslados forzosos en investigaciones de carácter político.
En la causa penal, se investiga si hubo delito en la promoción y lanzamiento de la criptomoneda $Libra. Tras un tuit de Milei que disparó el valor del token de 0,01 a 5 dólares en horas, algunos inversores retiraron cerca de 100 millones de dólares antes de la caída del activo.
Junto a los hermanos Milei están investigados personas vinculadas a la creación y organización de la criptomoneda, como Julian Peh, Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
La Comisión Investigadora continúa sus pedidos de informes y obtuvo datos de la plataforma Ripio, que confirmó que más de 1.300 argentinos compraron o vendieron $Libra, información que contradice declaraciones oficiales sobre la cantidad de usuarios.
Asimismo, se analizarán otras plataformas y posibles vínculos de cuentas con funcionarios y allegados del Gobierno, como el vocero Manuel Adorni y diputados relevantes.
En Estados Unidos, la jueza federal Jennifer Rochon investiga si los ingresos del proyecto digital pertenecen al Presidente, su hermana u otros impulsores. Recientemente, la magistrada rechazó un pedido de fondos de inversión que pretendían cobrarse con activos de $Libra.
En Argentina, el fiscal Jorge Taiano ordenó analizar teléfonos incautados para determinar si Milei intercambió comunicaciones con los impulsores locales. La investigación sigue abierta a ocho meses de la promoción original de la criptomoneda.
La resolución judicial pone en evidencia la diferencia entre investigaciones políticas y penales, limitando la capacidad de las comisiones legislativas para imponer medidas coercitivas. El caso sigue en desarrollo, tanto en el país como en la justicia extranjera, con nuevos datos y etapas por venir.
Roberto Antonio Peralta, de 75 años, murió tras ser atacado a balazos en su almacén por dos hombres que simularon ser clientes. La policía detuvo a dos sospechosos con antecedentes penales tras un rastreo de cámaras y pericias dactilares en el vehículo de fuga.
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