Choferes de la Gran Caracas paralizaron sus actividades este 16 de marzo para exigir el aumento del pasaje a 120 bolívares y la devolución de unidades retenidas. El Gobierno de Delcy Rodríguez evitó la represión, mientras el Metro colapsó.
Choferes de la Gran Caracas paralizaron sus actividades este 16 de marzo para exigir el aumento del pasaje a 120 bolívares y la devolución de unidades retenidas. El Gobierno de Delcy Rodríguez evitó la represión, mientras el Metro colapsó.
El reciente lunes, la capital venezolana experimentó una interrupción masiva del servicio de transporte público que afectó la actividad económica y laboral de miles de ciudadanos.
La protesta, convocada con menos de 24 horas de antelación, marcó un hito al ser la primera manifestación gremial de esta magnitud en años, desarrollándose sin la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado.
Desde la madrugada, sectores como Antímano, Caricuao y El Valle registraron una ausencia casi total de unidades. El impacto se extendió a ciudades dormitorio como Guarenas y los Valles del Tuy, obligando a los usuarios a caminar largas distancias o utilizar servicios alternativos. La paralización también alcanzó a La Guaira, puerto principal que sirve a la capital.
Nelson Vivas, vocero de las cooperativas de transporte de la Gran Caracas, informó que la medida responde a la falta de soluciones por parte del Ministerio de Transporte. El gremio exige la publicación de una Gaceta Oficial que formalice la tarifa mínima en 120 bolívares, el doble del precio actual de 60 bolívares.
Paralelamente, los transportistas solicitaron la liberación de aproximadamente 50 unidades confiscadas por la policía desde 2024. Alberto Rangel, miembro de la Unión de Conductores de Antímano, denunció que estos vehículos son utilizados actualmente para movilizar a funcionarios policiales. Según Rangel, la operatividad de los autobuses es crítica, con costos de mantenimiento que oscilan entre 300 y 350 dólares cada 25 días.
La ausencia de autobuses saturó el sistema Metro de Caracas, que no acató el paro por ser una entidad estatal. Los usuarios reportaron retrasos significativos y un incremento sorpresivo en el costo del boleto. Dalia Ochoa, residente de Casalta, relató que debió caminar hasta la estación más cercana, donde se encontró con trenes abarrotados y sin aire acondicionado.
Ante la contingencia, el Gobierno activó un plan de movilidad utilizando unidades de Metrobús, camiones de la Guardia Nacional y patrullas policiales para trasladar a los rezagados.
Pese a la magnitud del evento, los medios oficiales mantuvieron una cobertura discreta, destacando una supuesta normalidad en las calles y calificando la convocatoria como un fracaso en algunos diarios vinculados al oficialismo.
La huelga de este lunes evidencia la tensión entre la necesidad operativa de los transportistas y el mermado poder adquisitivo de los trabajadores, cuyo salario mínimo integral permanece estancado en 130 bolívares.
Mientras el ministro de Transporte, Aníbal Coronado, mantenía reuniones con los líderes gremiales al mediodía, el servicio comenzaba a restablecerse de forma lenta y parcial.
La resolución de este conflicto queda supeditada a un posible acuerdo oficial sobre las tarifas y a la respuesta gubernamental ante la exigencia de mejoras salariales generales. El silencio operativo de la policía política frente a esta protesta plantea interrogantes sobre el manejo de la disidencia social en el nuevo contexto político del país.
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