El Gobierno derogó el control de aranceles de los colegios privados

El Gobierno derogó el control de aranceles de los colegios privados, permitiéndoles fijar cuotas y matrículas sin autorización estatal. La medida busca eliminar trabas burocráticas y evitar que los institutos cobren más por temor a la inflación.

Imagen ilustrativa. Foto NA

La crítica al control de precios y el costo de la burocracia

La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Los fundamentos del decreto apuntan a que la normativa derogada generaba “efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. El Gobierno sostiene que el sistema de control de precios, instaurado en los años noventa, resultaba anacrónico tras la transferencia de competencias educativas a las provincias.

El decreto subraya que la obligación de obtener una autorización previa para modificar los aranceles:

  • Limita la capacidad de adaptación: impide a los institutos ajustar sus precios de forma oportuna ante las fluctuaciones del mercado y el aumento de los costos operativos, incluyendo los salarios.

  • Perjudica a las familias: obliga a los colegios a fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder cubrir futuros costos sin la aprobación estatal, lo que restringe la capacidad de las familias para elegir establecimientos “adecuados a sus posibilidades económicas”.

  • Atenta contra la calidad: la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa”, dado que los institutos no pueden responder adecuadamente a los gastos.

Un nuevo esquema de libre contratación

El Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 —la norma madre del financiamiento educativo— y avanzar hacia un esquema en el que se respete el principio de libre contratación.

La visión oficial es que la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado deben ceder ante el derecho de propiedad de los institutos privados. La desregulación busca “permitir a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Nota escrita por:
Te recomendamos...
Caso Agostina: el fiscal confirmó el homicidio y agrava la imputación del detenido

El hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida en Córdoba, transformó la búsqueda en una investigación criminal de máxima gravedad.Tras el operativo realizado por las autoridades policiales en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, el fiscal Raúl Garzón encabezó una conferencia de prensa donde ratificó el …