Un informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal revela que 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador en marzo y abril de 2025 sufrieron detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos sistemáticos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.
Los testimonios recogidos evidencian violencia física y psicológica constante, que incluyó golpizas, violencia sexual y condiciones carcelarias inhumanas.
Según las víctimas, fueron sometidas a detención prolongada en régimen de incomunicación, sin acceso adecuado a higiene, atención médica ni actividades recreativas.
Los abusos habrían comenzado desde su llegada, forzándolos a arrodillarse y afeitarse la cabeza, con golpes reiterados por parte de guardias y policías antimotines.
El informe documenta que estas violaciones de derechos humanos no fueron incidentes aislados, sino prácticas sistemáticas durante toda la detención. Algunos detenidos describieron ansiedad y trauma psicológico crónico, manifestando temores constantes ante la violencia continua.
Además, HRW y Cristosal señalan que el gobierno de Estados Unidos incumplió el principio internacional de no devolución (non-refoulement) al deportar a los venezolanos a El Salvador, ignorando los riesgos previsibles de tortura y malos tratos, y se acusa al gobierno estadounidense de complicidad por falta de transparencia con las familias y por facilitar estas deportaciones a lugares de alto riesgo.
El traslado masivo de estos migrantes ocurrió en tres grupos principales: el 15 y el 30 de marzo y el 12 de abril de 2025. La organización Cristosal facilitó asistencia legal a familiares para presentar recursos de hábeas corpus.
El caso ha levantado una alarma internacional sobre el respeto a los derechos humanos en los procesos migratorios y detenciones en El Salvador y Estados Unidos, con llamados a que organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU intensifiquen la supervisión y presionen para reformas urgentes.
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