Periodistas denunciaron al Gobierno ante la CIDH por hostigamiento y ataques a la libertad de expresión. Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon expusieron campañas de difamación con IA y espionaje, pidiendo a la Comisión monitorear la represión.
Periodistas denunciaron al Gobierno ante la CIDH por hostigamiento y ataques a la libertad de expresión. Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon expusieron campañas de difamación con IA y espionaje, pidiendo a la Comisión monitorear la represión.
Un grupo de periodistas y organizaciones cívicas presentó este miércoles una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Miami. La presentación acusa al gobierno nacional de promover una estrategia de ataques, amenazas y discursos estigmatizantes dirigidos a los trabajadores de prensa y a los medios de comunicación.
La audiencia contó con la presencia de figuras prominentes del periodismo argentino, como Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, junto con representantes de organizaciones clave como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el CELS y Amnistía Internacional.
Los testimonios expuestos ante la CIDH detallaron el uso de mecanismos sofisticados y la intervención de la máxima autoridad del Ejecutivo en las campañas de desprestigio.
El caso Mengolini: la fundadora de Futurock relató una “campaña de difamación y violencia digital sin precedentes”. Julia Mengolini denunció que se utilizó Inteligencia Artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre ella, lo que derivó en amenazas de violación y de muerte, incluso contra su hija de seis años. Lo más grave, según su testimonio, fue la acción del propio presidente: “El propio presidente amplificó esas agresiones publicando casi 100 mensajes en mi contra en tan solo cuatro días, en los que se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que me lo merecía”.
El espionaje y el Hackeo: Hugo Alconada Mon detalló el hostigamiento que sufrió por publicar una investigación sobre los planes del Gobierno para desarrollar tareas de espionaje ilegal contra políticos y periodistas. El reportero denunció diez intentos de hackeo de sus cuentas, además de recibir “insultos y amenazas” por teléfono. También fue inscripto en cuatro páginas pornográficas sin su consentimiento, lo que lo obligó a interponer una denuncia penal.
Desde el SIPREBA se denunció el “vaciamiento de los medios de comunicación estatales”, el congelamiento salarial y la discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial. El sindicato afirmó que estas acciones buscan “destruir el rol social de la comunicación que tiene la capacidad de cuestionar al poder”.
Las organizaciones y los periodistas solicitaron a la CIDH que monitoree el “contexto represivo argentino” y promueva un diálogo con el Gobierno para que cesen los ataques. También se denunció la violencia contra los reporteros en las coberturas de las manifestaciones, recordando el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, que aún se está recuperando de un disparo con un lanza granada de gas lacrimógeno.
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La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación.
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