Tras una polémica jornada en el Congreso organizada por una diputada del PRO que cuestionó los componentes de las dosis, las carteras sanitarias de casi todo el país emitieron un comunicado conjunto ratificando la seguridad, eficacia y obligatoriedad de las vacunas.
El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias argentinas cerraron filas este sábado para defender el Calendario Nacional de Vacunación.
La medida surge como respuesta directa a la proliferación de discursos que ponen en duda la seguridad de la inmunización y ante la preocupación por la caída en las tasas de cobertura.
El documento oficial es una reacción institucional al evento realizado el pasado jueves 27 de noviembre en el anexo de la Cámara de Diputados. Bajo el título “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, la diputada nacional del PRO, Marilú Quiroz, congregó a activistas y profesionales críticos de la vacunación, especialmente contra el Covid-19, alegando una supuesta “opacidad” en la información y advirtiendo sobre “posibles efectos adversos”.
Frente a este escenario, el comunicado de las carteras sanitarias fue taxativo: las vacunas son una política de Estado “indispensable”. El texto subraya que cada dosis del calendario cuenta con décadas de uso seguro y ha superado “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad.
“Cuentan con respaldo de evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”, reza el escrito, buscando desmontar la desinformación viralizada en redes sociales.
El comunicado destaca la responsabilidad compartida: la Nación adquiere y distribuye los insumos, mientras que las jurisdicciones los aplican. El mensaje, difundido coordinadamente en la red social X, enfatiza que “proteger a los niños es la prioridad”.
El apoyo fue masivo pero no total. El documento lleva la firma de los ministros de Salud de distritos gobernados por diversos colores políticos, desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Córdoba, hasta Santa Fe y Santa Cruz.
Sin embargo, llamaron la atención dos ausencias significativas: la Provincia de Buenos Aires y Formosa, que no adhirieron a la declaración conjunta.
Con esta acción, las autoridades buscan reforzar la confianza pública en una herramienta clave de salud pública, advirtiendo que los discursos negacionistas ponen en riesgo los logros sanitarios conseguidos tras décadas de inmunización gratuita y obligatoria.
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