EE. UU. intensificó su presión contra Maduro con la incautación de un petrolero con apoyo naval. Además, sancionó buques petroleros y a tres sobrinos del líder chavista. Caracas denunció la acción como un “robo descarado y piratería internacional”.
EE. UU. intensificó su presión contra Maduro con la incautación de un petrolero con apoyo naval. Además, sancionó buques petroleros y a tres sobrinos del líder chavista. Caracas denunció la acción como un “robo descarado y piratería internacional”.
El gobierno de Estados Unidos ha inaugurado una fase de máxima intensidad en su estrategia de presión contra el liderazgo de Nicolás Maduro en Venezuela, apuntando directamente al crudo, la principal fuente de ingresos del país. Tras la espectacular incautación de un buque cargado con petróleo venezolano en aguas cercanas a su costa, Washington anunció este jueves un nuevo paquete de castigos dirigidos a la logística marítima y a figuras cercanas al líder chavista.
La medida eleva significativamente las tensiones en el Caribe, zona donde la presencia militar estadounidense se mantiene en su punto más alto en décadas, y llega en medio de continuas amenazas del presidente Donald Trump de tomar acciones directas contra objetivos en territorio venezolano.
La intercepción del petrolero, identificado como el Skipper, ocurrió el miércoles y fue ejecutada por fuerzas del Servicio de Guardacostas con apoyo de la Marina estadounidense, actuando bajo la autoridad del FBI. Un video de la acción, difundido por el Departamento de Seguridad Nacional, mostró imágenes dramáticas: helicópteros militares transportaron a los guardacostas desde el portaaviones Gerald Ford (la unidad más grande y moderna del mundo, parte del despliegue naval en el Caribe) hasta la cubierta del buque mercante.
La filmación muestra a los efectivos armados descendiendo en rápel y asegurando la embarcación, cuyos tripulantes no opusieron resistencia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la acción como una “operación exitosa dirigida por el presidente” para combatir a un régimen que “inunda nuestro país con drogas letales”. La Casa Blanca confirmó la apertura de un proceso formal de incautación con la intención de tomar posesión legal del petróleo confiscado.
El buque, que supuestamente navegaba con bandera falsa de Guyana, había sido previamente investigado por el FBI por su vínculo con el contrabando de crudo iraní, lo que refuerza la narrativa de la fiscal general, Pam Bondi, sobre el apoyo a “organizaciones terroristas extranjeras”.
En comunicados separados, los Departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron nuevas penalizaciones:
Personas: se sancionó a cuatro individuos, incluyendo a tres sobrinos de Nicolás Maduro.
Logística petrolera: se impusieron castigos contra seis compañías navieras y seis de sus buques utilizados para transportar petróleo venezolano, lo que anticipa más intercepciones.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la Administración Trump “no se quedará quieta mientras buques bajo sanción surcan los mares con petróleo de contrabando, cuyas ventas alimentarán el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos y malvados en todo el mundo”.
Caracas denunció la incautación del miércoles como un “robo descarado y un acto de piratería internacional”. Un comunicado oficial del gobierno venezolano manifestó que el incidente revela las “verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas”.
Altos funcionarios que hablaron con The New York Times anticipan que se realizarán más incautaciones en las próximas semanas para reducir aún más los ingresos petroleros de Venezuela. Con una producción diaria de cerca de 900.000 barriles al mes pasado, Venezuela depende críticamente de su crudo, vendiendo principalmente a China a precios reducidos debido a la competencia con otros países sancionados, como Rusia e Irán.
Expertos como Francesca Emanuele del Centro de Investigación para la Política y la Economía (CEPR) advierten que estas acciones, sumadas a la prohibición de vuelos internacionales y la gran presencia militar, se asemejan a un “bloqueo” que agravaría la situación humanitaria, donde un 78% de los venezolanos ya vive bajo el umbral de la pobreza.
La operación de incautación intensifica la Operación Lanza del Sur, un despliegue naval iniciado en agosto que Washington justifica como una lucha contra el narcotráfico, pero que muchos analistas consideran una estrategia para forzar un cambio de régimen, dada la recompensa de u$s50 millones ofrecida por la captura de Maduro.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
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